El secretario general del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, mantiene que Mañueco y Carbayo alteraron el censo electoral en las primarias del PP y están deslegitimados para ejercer un cargo público, según apunta la formación a través de una nota de prensa.
Este jueves, 12 de junio, se ha conocido que el juez ha decidido archivar la causa admitida a trámite contra Alfonso Fernández Mañueco por los delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y de falsedad documental en documento oficial.
Tras el sobreseimiento de la causa, el PP exigió la dimisión de Pablos, que en su momento concedió credibilidad a la denuncia en una rueda de prensa, tachando lo ocurrido de "pucherazo" y pidiendo la dimisión de los responsables
En el comunicado emitido por el PSOE se subraya que "un auto del Juzgado de instrucción Nº2 de Salamanca confirma que cargos públicos del PP pagaron 500 euros por cabeza para abonar las cuotas de afiliados al Partido Popular con el objetivo de que pudieran votar en las primarias para la elección del candidato a la Junta y por tanto alterando el censo electoral". Además, añade que Fernando Pablos "ratifica todas sus declaraciones efectuadas en relación con la denuncia de pucherazo en las primarias del PP para elegir candidato a la Junta de Castilla y León".
El líder de los socialistas salmantinos manifiesta que el auto del Juzgado de instrucción Nº2 de Salamanca conocido este jueves "confirma que cargos públicos del Partido Popular abonaron 500 euros en efectivo, sin recibir justificante alguno de este abono, para pagar las cuotas de militantes, sin que muchos de ellos tuvieran conocimiento de ello, para ponerlos al corriente de pago y pudieran votar en las elecciones primarias donde Mañueco salió elegido candidato a la Junta de Castilla y León alterando, por tanto, de manera fraudulenta el censo electora"l.
En base a esto, Fernando Pablos mantiene su acusación de "pucherazo" en este proceso de primarias del Partido Popular y sigue considerando que tanto Mañueco como Carlos García Carbayo están "inhabilitados y deslegitimados para el ejercicio de cualquier cargo público". Quién así ha actuado, ha dicho Pablos, no puede ser presidente de la Junta de Castilla y León ni tampoco Alcalde de Salamanca, y deben ser apartados de forma inmediata de la vida pública.
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