El Gobierno activa el 155 ante la consumación del desafío independentista de Cataluña

 El Gobierno activa el 155 ante la consumación del desafío independentista de Cataluña
El Gobierno activa el 155 ante la consumación del desafío independentista de Cataluña

El Parlament de Cataluña ha consumado este viernes el desafío independentista que se lleva produciendo en la región desde la primera semana de septiembre. Con una votación sin la presencia de los diputados de PP, PSOE y Ciudadanos, que se han retirado del hemiciclo después de que se anunciara una votación secreta para declarar la independencia de Cataluña, hasta 70 diputados han votado que sí, por diez que han dicho que no y dos en blanco. 

Esta votación ha supuesto que, pasadas las 15:30 horas, los diputados soberanistas hayan celebrado esta declaración unilateral de independencia, frente a lo que la reacción del Gobierno ha sido instantánea. De hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado ya medidas inmediatas, en la misma tarde del viernes, a través de un Consejo de Ministros extraordinario anterior al ordinario. "El Gobierno ya tiene el apoyo de la Cámara y estaremos a la altura de las circunstancias", ha comentado. 

De esta manera, el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado las medidas a tomar. En una publicación extraordinaria, se autoriza al Gobierno a proceder al "cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña". Este cese, continúa, implicará "la sustitución en el ejercicio de todas las funciones que estatutaria, legal y normativamente les son propias. El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación".

Además, se refleja que el decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña o el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones autonómicas, prevista en el artículo 10.c) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, corresponderá al presidente del Gobierno de la Nación. En todo caso, esta última competencia deberá ejercitarse en el plazo máximo de 6 meses desde la aprobación por el Senado de las presentes medidas.

Por otro lado, recoge también el BOE, el ejercicio de las funciones de los Mossos d'Esquadra corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación, que podrán dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat de Cataluña-Mossos d’Esquadra. Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación podrán acordar el despliegue de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, coordinando la actuación de la Policía de la Generalitat de Cataluña-Mossos d’Esquadra. En el caso de que sea necesario, los miembros del Cuerpo de Policía de la Generalitat de Cataluña-Mossos d’Esquadra serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Gobierno también podrá tomar las medidas necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, para que en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, aunque no controlarán los medios de comunicación, sino que obliga a la Generalitat a garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Además, El Parlamento de Cataluña seguirá ejerciendo su potestad legislativa y de organización propia, si bien no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad, por lo que no podrán someterse a debate y votación las iniciativas y enmiendas mientras que la autoridad que se designe a tal efecto no haya expresamente otorgado su conformidad o, en su defecto, no hayan transcurridos los 30 días desde su comunicación. Denegada expresamente la conformidad por parte de la autoridad designada por el Gobierno de la Nación, quedarán suspendidos todos los trámites parlamentarios subsiguientes.

Las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña.

Apoyo de Salvar el Archivo

En el Senado que ha dado el aval al Gobierno ha contado con el voto a favor la senadora por Foro Asturias Rosa Domínguez de Posada, presidenta de honor de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca. 

Así, la presidenta de Honor de Salvar el Archivo de Salamanca, en su intervención parlamentaria, ha manifestado su “apoyo sin fisuras al Gobierno”, en el cumplimiento de su deber de velar por la defensa de las libertades de todos los españoles en Cataluña y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, lo que hoy se ha traducido en su voto favorable a las medidas articuladas al amparo del artículo 155 de la Constitución, una vez que se respetan los principios de proporcionalidad, pues son ajustadas a la gravedad de los hechos; de temporalidad, porque se anuncia una vigencia de no más de seis meses y de accesoriedad, porque son tributarias únicamente de la restauración de la legalidad vigente.

Con la misma lealtad con que ha expresado en nombre de Foro el apoyo a las medidas, también ha exigido al Gobierno “determinación, transparencia y compromiso para no ofrecer en el futuro, más o menos próximo, pago o compensación de ningún tipo porque ello rompería con la defensa de los principios de igualdad entre territorios y de solidaridad entre Españoles”.

En ese sentido, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha solicitado al Gobierno de España la devolución de los documentos del Archivo de Salamanca indebidamente en poder de la Generalitat de Cataluña, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. 

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