El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firmaron este jueves el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado para 2019, cerrando de esta manera tres días de contactos para salvar los escollos que habían surgido en la última fase de la negociación.
Algunas medidas que se interponían en el acuerdo eran, por ejemplo, aquellas destinadas a "pinchar la burbuja del alquiler". En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a modificar la normativa "para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas".
Otro acuerdo de medidas relativas a vivienda, destinadas a "blindar su función social y evitar la especulación", recoge la de dar a los Ayuntamientos la capacidad de "declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda".
El Gobierno también se ha comprometido a ampliar el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años, como le pedían el partido morado y sus socios, y a "ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda consignando en 2019 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. "En 10 años España debería invertir el 1-1'5% del PIB", añaden.
Pisos turísticos
Otro de los pactos a los que se ha llegado es la posibilidad de prohibición de las comunidades de propietarios al ejercicio del alquiler turístico o la fijación de determinadas condiciones para su ejercicio gracias a la modificación en 2019 de la normativa del alquiler inmobiliario,.
"El incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turísticos de los alojamientos", señala el texto.
El Gobierno ya adelantó en el grupo de trabajo sobre viviendas turísticas (VUT), que contempla modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para acotar el arrendamiento de temporada y la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), así como la creación de un registro único estatal y una definición de piso turístico. Con la modificación de estas normas, las comunidades de vecinos podrán prohibir por mayoría simple de 3/5 el establecimiento de pisos turísticos en su edificio.
Según el texto del acuerdo con Podemos, se habilitará a los Ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica.
