El obispo de la Diócesis de Salamanca, Carlos López, ha quedado en evidencia tras unas grabaciones publicadas por EL PAÍS en las que este ofrece una compensación económica a la víctima de abusos sexuales por parte de un cura para frenar el escándalo público.
“Si tú quieres compensación económica preséntala por escrito. Tiene que constar todo por escrito. Preséntalo, lo pides y ya veremos” señala Carlos López a la víctima, Javier Paz, en las grabaciones difundidas por este periódico nacional, en las que también recalca que “si tú quieres ir por otra vía tienes la vía expedita, pero me temo que no vas a conseguir nada. Civilmente no vas a conseguir nada. Sí, que la sociedad se entere, vale”.
Según detalla EL PAÍS, Javier Paz denunció los hechos ante el Obispado salmantino en marzo de 2011. Según su relato, había sufrido abusos por parte de un cura, Isidro López Santos, cuando era párroco de la iglesia de San Julián, entre 1982 y 1992, desde que tenía 10 años a los 20. En ese momento, la actuación por parte del Obispado fue jubilar al sacerdote y a la víctima le dijeron que se abría una investigación y un proceso canónico. Al pasar los meses y no saber nada del tema, Javier Paz decidió grabar las conversaciones con el obispo.
La víctima, según la información publicada en el periódico nacional, intentó desde un principio que se condenara públicamente al sacerdote para que salieran otros posibles casos a la luz y evitar hipotéticos daños futuros y aseguró que él iba a hacer público el caso. Finalmente, el obispo le planteó que la única forma de acceder a una indemnización era solicitarla por escrito, una propuesta a la que Javier Paz accedió finalmente: “Me tendieron una trampa, no era una oferta, lo disfrazaron para que pareciera una petición mía", asegura. Era una solicitud, de la que no le dieron copia, en la que pedía una compensación, una cifra que pactaron en 300.000 euros, más el pago mensual de una especie de pensión de 1.500 euros de por vida y en la que se establecía una cláusula de silencio en la que, según la víctima, se comprometía a mantener en secreto el acuerdo y a no emprender acciones legales contra el acusado ni contra el Obispado.
Al cabo de unos meses sin saber nada, llamó para tener noticias del proceso canónico y, según el relato de Javier Paz, “el obispo me dijo que, en base a mi solicitud, habían desestimado mi caso, porque entendían que lo había hecho todo por dinero desde el principio, y que con ese papel estaba claro, así que anulaban todo lo que habían hecho”.
Tras dos años, Javier Paz decidió hacer público lo ocurrido y fue entonces, tres meses después, cuando la Diócesis hizo público un comunicado en el que detallaban que “la Congregación para la Doctrina de la Fe, habiendo valorado el conjunto de las pruebas recogidas en las actas del proceso y la situación personal del sacerdote acusado, ha decretado sancionarle con la prohibición del ejercicio público del ministerio pastoral”. "Esta comunidad diocesana manifiesta su profundo dolor por unos delitos que han lesionado la santidad del sacerdocio y han herido gravemente la vida cristiana de las víctimas y su comunión con la Iglesia. El Pastor diocesano pide a todos perdón, expresando a la vez el compromiso de que actos semejantes no se repitan nunca más", recogía también ese comunicado.
