Durante el encuentro, los obispos han abordado el borrador del Decreto General sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables que está redactando una comisión de la Conferencia Episcopal para la actualización de los protocolos en los casos de abusos a menores, de acuerdo a la instrucción de la Santa Sede.
"En el Decreto General se prevé la obligación de establecer oficinas para recoger las denuncias y por supuesto que cualquier persona que conozca la realización de un delito tiene la obligación de denunciarlo, también para los delitos que no estén prescritos esa obligación se mantiene", ha apuntado Argüello.
Tal y como ha explicado, las orientaciones recogidas en ese borrador "ya están de facto" sirviendo de criterio y orientando las actuaciones de los religiosos. Eso sí, el texto definitivo se remitirá a la Asamblea Plenaria, que está prevista para el mes de noviembre.
Preguntado sobre la fiscalización de las cuentas de la Iglesia por parte del Tribunal de Cuentas, Argüello ha afirmado que hasta el momento no han recibido "ninguna solicitud" por parte del Ministerio de Hacienda, del de Justicia, ni del propio tribunal fiscalizador.
"Nosotros estamos dispuestos a ofrecer todas las explicaciones que se nos pidan", ha apuntado. Argüello ha hecho hincapié en que "no es lo mismo" una "partida finalista" contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, que otro tipo de partidas no finalistas.
"La asignación tributaria es un ejercicio de democracia fiscal, cada año los contribuyentes deciden poner la cruz o no, y ese dinero se da globalmente a la Iglesia para la realización de cualquiera que sean sus actividades", ha dicho. Ese dinero, que también se fiscaliza, se ofrece a la Iglesia en su conjunto y la Iglesia presenta anualmente la justificación de todas las actividades que realiza, según ha remarcado.
Ley de multas LGTBI de Madrid, "anticonstitucional"
Por otro lado, Argüello se ha referido a la multa de 20.000 euros que la Comunidad de Madrid ha impuesto a Elena Lorenzo, una 'coach' que fue denunciada en 2016 al ofrecer a través de Internet terapias para la curación de la homosexualidad, tras ser preguntado si le preocupa que afecte a religiosos o directores espirituales. Según ha afirmado, la sanción es "preocupante", aunque también cree que puede tener "un lado aprovechable" ya que puede ser una "oportunidad" para tratar este asunto "a fondo".
"Yo no conozco el expediente sancionador pero sí conozco la ley de Madrid, que como otras legislaciones en este campo, entrando por una puerta por la que todos podemos entrar, que es la puerta de la no discriminación y la de la afirmación de la dignidad de todos, luego hace trampa", ha destacado.
A su juicio, esta norma "hace una propuesta antropológica discutible". "Impide que quienes tengamos otra visión antropológica podamos plantearla", sostiene. Según ha manifestado, la ley "prohíbe bajo el nombre de un colectivo" que "personas con nombres y apellidos de ese colectivo puedan plantearse su propio camino, itinerario y desear tener un acompañamiento" en una cuestión "que pueden vivir como conflicto interior".
En la Ley de Madrid, según ha declarado Argüello, "incluso" se "prohíbe explícitamente el acompañamiento religioso y espiritual". En su opinión, esto es "manifiestamente anticonstitucional" ya que va "en contra de la libertad de creencias" y de "la libertad". "Dan autorización a cambiar de sexo y es discutible y se prohíbe el debate sobre el propio género, aún cuando es un recorrido que puede ser de ida y de vuelta", ha agregado al respecto.
En otro orden de cosas, la Comisión Permanente durante su reunión ha estudiado el nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal. El nuevo organigrama pasará a la Plenaria de noviembre y, así, se completaría el trabajo de revisión y reforma que se inició en 2016 con el objetivo de funcionar de forma "más adecuada y eficaz".
Asimismo, los obispos de la Comisión Permanente han recibido información sobre el trabajo de preparación para el Congreso de Laicos Pueblo de Dios 'en salida' que se celebrará del 14 al 16 de febrero de 2020. Las diócesis están organizando encuentros para trabajar en común con los materiales preparativos que ha redactado el equipo organizador, tal y como han informado desde la Conferencia Episcopal, que recibirá las conclusiones de estos encuentros y serán una de las herramientas de trabajo en el Congreso Nacional de Madrid.
Los obispos han dialogado también sobre la misión evangelizadora de la Iglesia en relación al próximo plan de pastoral para la Conferencia Episcopal Española. En este contexto, han valorado la situación de las diversas vocaciones en la vida de la Iglesia y han recibido el informe sobre la edad de los sacerdotes.
Además, los obispos han sido informados sobre la propuesta de creación de una nueva sede en España del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Al respecto, han constatado que no existe ninguna dificultad para que se constituya este centro en Madrid conforme a los nuevos estatutos del Pontificio Instituto Teológico.
Asimismo, la Comisión Permanente ha designado a los cinco obispos que representarán a la CEE en el Encuentro de Obispos del Mediterráneo, que tendrá lugar en Bari del 19 al 23 de febrero de 2020, promovido por la Conferencia Episcopal Italiana. Asistirán el Card. Ricardo Blázquez, el Card. Juan José Omella, Mons. Jesús Catalá, Mons. Rafael Zornoza, y Mons. Adolfo González.
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