La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha hecho público un escrito en el que pone de manifiesto su profunda preocupación por la situación en la que puede quedar la Agencia Estatal de Administración Tributaria a raíz de la aprobación de los Presupuestos para 2017. “Es imposible que la Agencia Tributaria pueda utilizar y gastar los recursos asignados debido a las cautelas y limitaciones establecidas en los propios presupuestos”, aseguran.
Los inspectores de Hacienda consideran que las políticas de recortes iniciadas en el año 2008 debido a la crisis siguen activas, “sin haberse producido giro alguno en la dotación de recursos, de tal forma que el itinerario no ha variado un ápice respecto al marcado en años anteriores”.
Explican que las condiciones en las que se han visto obligados a trabajar en estos últimos años han llegado al extremo de situar en la actualidad a la Agencia Tributaria al límite de su funcionamiento operativo. Así, la carencia de medios afecta a todos los cuerpos y escalas de funcionarios, calculando unos tres mil efectivos menos.
“Este escenario carece de toda lógica cuando resulta que el ratio euro recaudado-euro gastado en la Administración Tributaria no ha hecho más que aumentar cada año. La evolución de esta magnitud en los últimos veinte años ha sido significativa. Sólo en el ámbito de la Agencia Tributaria la rentabilidad del funcionario de hacienda se ha multiplicado por cinco. En la actualidad se recaudan once euros en actuaciones de prevención y control del fraude por cada euro gastado en nuestra institución”, añade la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado.
Reivindicaciones de los sindicatos
Por su parte, el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT), la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) denuncian la urgencia de reponer no solo las jubilaciones de empleados públicos que se han producido, y las que se llevarán a cabo este año 2017, que supondrán una pérdida de empleados públicos dedicados a la lucha contra el fraude de otros 1.500 efectivos.
Por ello entienden que se hace necesario y urgente aprobar un incremento adicional de plazas en la oferta de empleo público, “para alcanzar una tasa de reposición razonable que permita llevar a cabo una lucha contra el fraude fiscal eficaz y que en ningún caso supondría un desequilibrio presupuestario”.
Los sindicatos solicitan además la actualización de la carrera profesional de los empleados públicos, bloqueada desde el año 2012, “que impide renovar y potenciar la estructura organizativa y de reparto de competencias y funciones que existe en la actualidad, que de llevarse a cabo permitiría que los trabajadores pudieran asumir mayores niveles de responsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal realizando su trabajo con mayor eficacia”.
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