Una investigación de la Policía Nacional determina que Salamanca cumple con la legislación sobre pisos turísticos

Las sanciones aparejadas a los incumplimientos pueden oscilar entre los 600 y los 30.000 euros en función de la reincidencia

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Turistas turismo en la Plaza Mayor, imagen archivo
Turistas turismo en la Plaza Mayor, imagen archivo

Una investigación de la Policía Nacional de Salamanca determinó que la mayoría de hoteles y pisos turísticos de la ciudad cumplen con la legislación vigente sobre el uso de alojamientos para pernoctaciones de visitantes. Según fuentes policiales, la mayoría de estos establecimientos envían correctamente los datos sobre sus huéspedes, y así lo pudieron comprobar los agentes durante las inspecciones que ha realizado al respecto hasta la fecha.

Según la normativa vigente sobre actividades de hospedaje y registro documental y comunicación a las autoridades competentes, tanto las personas físicas como las jurídicas que realicen dicha labor deben enviar los datos de los viajeros a la Policía Nacional, puesto que se trata de una actividad que afecta a la seguridad ciudadana.

Tal y como apuntó la Policía Nacional mediante un comunicado, el sector de hospedaje, que engloba a los pisos turísticos, vio descender su ocupación como consecuencia de la pandemia y, por consiguiente, las obligadas notificaciones sobre las personas alojadas en la ciudad de Salamanca.

Con la paulatina vuelta a la normalidad, la Comisaría Provincial realizó una investigación sobe el correcto funcionamiento de la actividad de hospedaje, con un resultado “más que satisfactorio” respecto al cumplimiento de las obligaciones legales de los establecimientos comerciales.

No obstante, se levantaron algunas actas por infracción de la normativa específica, en las que se comprueba en el lugar por parte de agentes uniformados de Policía Nacional, el incumplimiento de algunos pisos turísticos, al no enviar los datos de los huéspedes que se encuentran alojados.

Las sanciones aparejadas a los incumplimientos pueden ascender a 600 euros, si no hay reincidencia, y se notifican a un Registro Central habilitado al efecto, para llevar a cabo un seguimiento sobre futuras irregularidades. En caso de reincidencia las multas podrían llegar a los 30.000 euros.

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