Izquierda Unida reclamó hoy que las 946 inmatriculaciones de bienes e inmuebles que la Iglesia Católica posee, según sus datos, en la provincia de Salamanca sean anuladas. Del total, once de ellas corresponden a la capital.
Según indicó a través de un comunicado recogido por Ical, la concejala de IU en el Ayuntamiento de Salamanca, Virginia Carrera, acusó a la Iglesia Católica de “aprovecharse” para registrar a su nombre bienes que no están oficialmente a nombre de nadie. Según IU, la Iglesia se se habría servido de la potestad que le confiere la ley hipotecaria española y la modificación que Alberto Ruiz-Gallardón propuso, siendo aún ministro de Justicia, al cambiar el artículo 206, “que es el que permite ese privilegio a la Iglesia católica en España de actuar como fedatario público en la apropiación de bienes”.
Izquierda Unida, señaló que “la invitación de la vicepresidenta primera del Gobierno a que cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe de estas inmatriculaciones, reclame por vía administrativa o por la vía de los tribunales es un absoluto insulto”, manifestando que “están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales”.
La formación consideró asimismo que “todas estas inmatriculaciones deberían declararse nulas porque se apoyaron en una ley franquista ampliada por el Gobierno de Aznar que da valor a la declaración de un obispo para que los bienes puedan inscribirse a su nombre en el Registro de la Propiedad”. Y añadieron que “la Iglesia no es un organismo público ni es un notario que pueda dar fe de nada”, y por tanto, Izquierda Unida considera que “deberían ser declaradas nulas”.
Carrera apunta que “la publicación de este listado evidencia una vez más una situación injusta con la que la Iglesia ha obtenido cuantiosos beneficios a lo largo de varios años, gracias a normas que incluso fueron en su momento reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Para la edil, “no se trata de una cuestión de índole religiosa, sino de recuperar un patrimonio expoliado a toda la sociedad, y que en gran parte ha sido mantenido y restaurado gracias a inversiones públicas”.
Desde IU Salamanca entienden que “el Gobierno debe revocar de inmediato estas apropiaciones indebidas llevadas a cabo por parte de la iglesia católica para que queden sin efecto todas las inmatriculaciones de templos de culto, así como de otros bienes inmuebles, edificios, solares, viviendas, locales, parcelas y fincas”. Incluso van más allá, reclamando al Ejecutivo que reclame “daños y perjuicios en los casos en que pudieran haberse ocasionado”, además de pedir que legislen “para blindar la propiedad de los bienes de carácter público”.
