En la mañana de este jueves, las consejeras de Sanidad, Verónica Casado Vicente y de Educación, Rocío Lucas Navas, han participado, junto con el resto de responsables ministeriales y autonómicos, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que se ha estudiado la propuesta realizada por el Gobierno de la Nación referida a la ?Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente a la COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020/21'.
Este conjunto de medidas de aplicación en el ámbito escolar, además de otras referidas a la próxima campaña de vacunación frente a la gripe, forman parte del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha sido aprobado por los consejeros sanitarios y que, en el marco de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se verán reflejadas en la correspondiente Orden del Ministerio de Sanidad, de obligado cumplimiento tras su publicación.
Las medidas sanitarias para el inicio del curso
Con carácter general y en el ámbito educativo, la Comunidad de Castilla y León, en el marco de la coordinación estatal que supone este acuerdo, implementará medidas sanitarias, destacando, entre ellas:
- Uso de mascarillas en las aulas , recogiéndose lo indicado en la normativa autonómica que regula su obligatoriedad en vías públicas y espacios de uso público, ya sean éstos abiertos o cerrados. Su utilización es una medida complementaria de prevención que no sustituye a al respeto de la distancia interpersonal ni a otras medidas de carácter general.
- Medidas de limpieza y ventilación : ante la evidencia del impacto que los espacios cerrados tienen en la transmisión del virus, se insiste en las recomendaciones sobre ventilación, intensificando su duración y frecuencia y se recomienda la importancia de priorizar, cuando sea posible, las actividades al aire libre.
- Comedores escolares y mantenimiento de su servicio , no sólo en lo referido al cumplimiento de las medidas de distanciamiento interpersonal e higiene en sus instalaciones o espacios habilitados para tal fin, sino también como vía para asegurar el acceso a menús saludables para el alumnado.
- La probabilidad de trasmisión en el centro educativo , como en otros entornos de la comunidad, puede variar dependiendo de la situación epidemiológica, por lo que en función de ésta se podrán necesitar medidas adicionales.
- El papel de los centros educativos es esencial , por lo que se debe mantener su actividad priorizando, al menos, la educación presencial de la infancia y adolescencia en situación de especial vulnerabilidad (social o por necesidades educativas).
- La experiencia en otros países que ya han abierto durante meses sus centros educativos enseña que se van a producir casos y algunos brotes, como en el resto de ámbitos de la sociedad, por lo que una gestión adecuada de los mismos minimizará su impacto; de ahí la importancia de contar con un procedimiento común para su gestión. Ante la declaración de un caso positivo se considerará contacto estrecho cualquier alumno que haya compartido espacio con el paciente confirmado en un radio de 1,5 m sin haber utilizado mascarilla; en el caso del alumnado de entre seis y once años, el uso de la mascarilla no se utilizará como criterio definitorio.
- Es importante aclarar que, a efectos de identificación de alumnos como contactos estrechos, además de lo anteriormente indicado, se establece que, si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, todas las personas que lo integran pasan a tener esa consideración de contactos estrechos.
- Las personas convivientes de casos confirmados y cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador que haya compartido espacio sin mascarilla en un radio inferior a 1,5 m durante más de quince minutos, serán, asimismo, consideración de contactos estrechos a los que aplicar los protocolos epidemiológicos y acciones asistenciales previstas frente a la COVID-19.
- El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellas personas que inicien sintomatología y evitar así la transmisión de la enfermedad en período asintomático o con escasa manifestación clínica.
Inicio del curso en Castilla y León
Las medidas consensuadas este jueves entre CC.AA. y Gobierno de España coinciden totalmente con las que Castilla y León ya había plasmado en el Protocolo de Prevención y Organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos para el próximo curso escolar, documento supervisado por la Dirección General de Salud Pública y que fue presentado el pasado 6 de julio.
Asimismo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández MAñueco, anunciaba ayer medidas adicionales a ese protocolo que también se enmarcan en el acuerdo alcanzado esta mañana: el uso de mascarilla será obligatorio para los mayores de seis años y se garantiza la distancia de seguridad de 1,5 m. Además, se apuesta por la creación, en Educación Infantil y el primer curso de Primaria, de grupos estables de convivencia, que no necesitarán usar mascarilla ni guardar las distancias de seguridad. Estos grupos no interactuarán con el resto de alumnos y no compartirán espacios en la medida de lo posible.
Castilla y León implantará en los centros educativos los denominados equipos de Coordinación-COVID, profesores que contarán con una reducción de la carga lectiva.
Estos se encargarán de establecer una coordinación fluida y efectiva entre el centro y los servicios asistenciales y de salud pública de la Comunidad, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de los mismos.
Adelanto de la próxima vacunación frente a la gripe
Por último, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud también se abordado cambios en las fechas de la próxima campaña de vacunación frente a la gripe, que, en el caso de la Comunidad de Castilla y León se adelantará previsiblemente a la primera quincena de octubre.
Se atiende así a un escenario de posible complicación sanitaria por una segunda oleada de la pandemia de la COVID-19, facilitándose la organización asistencial para compaginar la vacunación antigripal y su accesibilidad para las persona de riesgo sanitario y social que tienen recomendado vacunarse.
Entre estos colectivos se encuentran enfermos crónicos, de diferentes patologías; personas mayores de 60 años e institucionalizadas en recursos de atención a la Tercera Edad y a la Dependencia; profesionales sanitarios y sociosanitarios y trabajadores esenciales para la comunidad, incluyendo entre éstos a docentes y otros profesionales del sistema educativo castellano y leonés.
