UPL denunció en las Cortes que Salamanca era la principal perjudicada del reparto hecho por la Junta, que fijaba un rastreador de covid por cada 9.195 habitantes en Salamanca, cuando en provincias como Soria o Burgos había un rastreador por menos de 3.500 habitantes.
Tras haber salido a la luz hace unos días el reparto inicial de rastreadores para evitar la propagación de la Covid-19 hecho por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, se hizo público que la comunidad autónoma contaba con 496 rastreadores para evitar la propagación del coronavirus en su territorio, de lo que se deducía una media de un rastreador activo por cada 4.841 habitantes.
Desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) se denunció mediante preguntas registradas en las Cortes que “la distribución de los rastreadores dista mucho de ser equitativa en proporción a los habitantes, sin que la Consejería de Sanidad haya aclarado en base a qué criterios se ha realizado la distribución de rastreadores, con notables diferencias entre provincias, siendo especialmente perjudicada la provincia de Salamanca”.
Así, los leonesistas señalaban que “estas diferencias se traducen en que, si la Juntae ha fijado para Salamanca un rastreador de coronavirus por cada 9.195 habitantes, en Soria ha fijado uno por cada 2.400 y en Burgos uno por cada 3.325 , siendo precisamente Salamanca la provincia con peor ratio en este aspecto de toda la comunidad autónoma”.
De este hecho, desde UPL se deducía que “dada la escasez de medios de rastreo proporcionados a Salamanca por la Junta, esta sería la provincia peor preparada ante una posible segunda oleada de coronavirus, hecho para el que tampoco debe olvidarse que Salamanca es la provincia con la mayor lista de espera quirúrgica, así como una de las provincias en que menos test por habitante ha hecho la Junta, pese a haber sido una de las provincias más castigadas por el coronavirus en su primera oleada”.
Tras haber registrado UPL dichas preguntas en el parlamento autonómico, la Junta ha informado de la corrección del número de rastreadores designados a la provincia de Salamanca, atendiendo a la petición de corrección de la discriminación que denunciaba UPL respecto a la provincia salmantina, que pasará a tener un rastreador por cada 3.678 habitantes, en vez de uno cada 9.195 habitantes como había proyectado inicialmente la Junta.
