El Consejo del Diálogo Social, además de impulsar las ayudas a jóvenes y aprobar el Plan de Empleo para el año actual, también revisó el III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial para avanzar en Industria 4.0, ADE Rural y Responsabilidad Social Empresarial. La dotación global de esta revisión para los años 2019-2020 asciende a 45,2 millones de euros.
En relación a la Industria 4.0 se fomenta la Formación Profesional como factor de primer orden. Además de un centro avanzado de apoyo a la FP, se establece modernizar con cinco millones de euros el equipamiento de los centros de FP que imparten enseñanzas de las cuatro familias profesionales directamente relacionadas con esta industria, y realizar una convocatoria específica, dotada con 1,5 millones de euros, de especialidades formativas relacionadas con la transformación digital.
Igualmente se establece una línea de apoyo de cinco millones de euros para el desarrollo de la oferta digital; un Servicio de Vigilancia Tecnológica dirigido a pymes; elaborar diagnósticos y planes individuales de implantación, y actuaciones de difusión.
En cuanto a ADE Rural se acuerda desarrollar el Instrumento Financiero FEADER para garantías de préstamos en el medio rural, con una cuantía de 22,1 millones de euros en el periodo 2019-2020; Impulsar planes específicos para zonas rurales con participación de todos los agentes implicados, con una metodología como la que se aplica ya en las cuencas mineras y en la provincia de Soria; Y realizar un proyecto para el desarrollo de la bioeconomía en las zonas rurales, en colaboración con las Universidades públicas que contará con 3,9 millones de euros.
Las novedades en materia de Responsabilidad Social Empresarial contemplan la creación de líneas de ayuda para pymes y micropymes, incorporar la RSE a los Programas Territoriales de Fomento y que la Fundación Anclaje participe en determinadas actuaciones.
Mesa de la Energía
La revisión del III Acuerdo Marco de Competitividad ha incluido como anexo el acuerdo alcanzado en la Mesa de Energía que se constituyó el año pasado en el Diálogo Social y que supone 32,1 millones de euros entre 2019 y 2020. Ante los últimos acontecimientos en minería y térmicas, se recoge el compromiso de revisar el Acuerdo sobre el Plan de dinamización económica de los municipios mineros y se persiguen fundamentalmente tres objetivos: Actuar sobre las zonas afectadas por cierres en el sector energético. Potenciar las medidas de eficiencia y ahorro. Y Promover la actividad y el empleo en renovables y eficiencia energética.
Para ello se plantean propuestas en relación al impulso a las energías renovables mejorando las ayudas para inversión en energías renovables por parte de empresas, agricultores y ganaderos, y promover el autoconsumo compartido. En cuanto al Ahorro y eficiencia energética se promoverán mejoras en las desgravaciones fiscales y se impulsarán redes de calor. También se establece la contribución a una transición energética justa, destacando la creación de un fondo en SODICAL para soportar temporalmente los costes de suministro de electricidad de empresas en crisis, y el consenso en que el Estado debería reactivar proyectos de centrales de ciclo combinado ya existentes, como los grupos 6 y 7 de Compostilla. Por último, el bloque de I+D+I y formación recoge una completa visión de las actividades de innovación y formativas que deben impulsarse para que el sector energético crezca en áreas como ahorro y eficiencia, energía fotovoltaica, autoconsumo o movilidad sostenible.
Acuerdo para impulsar el funcionamiento del SERLA
Desde 1997, la fundación pública SERLA, con el apoyo de la Junta, ha gestionado los procedimientos para la solución autónoma de conflictos laborales colectivos, reduciendo la conflictividad judicial y haciendo más fluida la relación entre trabajadores y empresarios, con un alto grado de satisfacción de todos ellos. En 2016 se acordó extender su actuación a los conflictos individuales sin reclamación de cantidad.
El nuevo Acuerdo supone dar un paso más, extendiéndolo a los conflictos individuales con reclamación de cantidad, y prevé la extensión del servicio a toda la Comunidad, en 10 sedes (capitales de provincia y Ponferrada). El acuerdo incluye el compromiso de la Junta de sufragar, cuando la extensión de las funciones se complete, un coste anual estimado de 2.550.000 euros.
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