Las distintas Consejerías de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como sus organismos vinculados, tratan datos personales de los ciudadanos para cumplir con las funciones de servicio público que tienen encomendadas. Para garantizar la protección de estos datos y evitar un uso inadecuado que pudiera afectar a los derechos de estos ciudadanos, la Junta viene aplicado su política de protección de datos en el marco de los derechos fundamentales europeo y nacional a una Buena Administración y a la Protección de Datos.
En cada departamento, existe un delegado de protección de datos, una figura que asesora a los centros directivos y a los empleados públicos con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos. A este delegado pueden dirigirse fácilmente los ciudadanos a través de los correos electrónicos corporativos habilitados o en el propio Portal web de la Junta .
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, afirma que “es fundamental que los ciudadanos puedan conocer fácilmente cuáles son sus derechos en esta materia. Por eso ponemos a su disposición, de manera exhaustiva, la información de protección de datos en todos los trámites y procedimientos, desde el mismo momento que se accede a ellos”.
En este sentido, la Junta garantiza el derecho de información de los ciudadanos, tanto para conocer la actividad para la cual se están utilizando sus datos, como durante cuánto tiempo van a conservarse, a qué destinatarios (si los hay) se van a comunicar, o qué procedimientos se están utilizando para tomar decisiones en base a ellos. Se contempla también el derecho a rectificación, en caso de que los datos sean incorrectos o incompletos, o el llamado ‘derecho al olvido’, que pueden ejercer los ciudadanos si desean que sus datos personales sean borrados o suprimidos cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la que se recogieron.
Los derechos de protección de datos, incluso, permiten elegir al usuario no ser objeto de decisiones individuales automatizadas en los casos concretos en los que se aplican, es decir, solicitar que las decisiones que afecten significativamente al ciudadano sean tomadas por personas físicas, y no exclusivamente de forma automatizada por medios tecnológicos y programas informáticos.
En el Punto Único de Información de Protección de Datos de la web de la Junta se reúnen los contenidos oportunos de protección de datos, y se accede al formulario para solicitar información o ejercitar, cuando proceda, todos estos derechos.
González Gago ha remarcado que “en la era de la inteligencia artificial y del tratamiento automatizado de enormes cantidades de datos, en la Junta seguimos apostando por metodologías éticas y humanas, con las personas en el centro, que son quienes tienen la capacidad para tomar decisiones motivadas, conociendo y respetando los derechos de los ciudadanos”.
Esta misma filosofía es la que guía, por cierto, el trabajo de los empleados públicos en las oficinas físicas de atención al ciudadano de la Junta a la hora de ofrecer la información que libremente puede ser solicitada por cualquier persona. Los datos que puedan hacer referencia a la esfera privada del individuo son tratados con la máxima cautela y respetando la normativa vigente, de tal forma que el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información no vulneren la protección de datos de carácter personal, tal y como se recoge expresamente en la ley básica estatal.
