La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca inició los expedientes sancionadores inmediatamente después de recibir la denuncia de la Policía Local, que descubrió la presencia de personas en el interior de un establecimiento de hostelería fuera del horario de toque de queda. Tras la investigación y la identificación de las personas que presuntamente participaron en la fiesta, así como a los titulares del establecimiento implicado, el Ayuntamiento de Salamanca trasladó la denuncia a la Junta, encargada de tramitar los expedientes.
La resolución de la Delegación determina que, de las 7 personas identificadas como presuntos participantes en una fiesta ilegal, 5 deberán pagar una multa de 900 euros cada una, otro de los identificados —concretamente el exsecretario de comunicación de Ciudadanos en Salamanca, Carlos Mateos— deberá pagar 1.100 euros. Igualmente, la empresa titular del establecimiento donde se celebró la fiesta recibe una multa de 6.000 euros y uno de los responsables del establecimiento, situado en Iscar Peyra, una multa de 6.100.
Las infracciones, en el caso de la empresa titular y de su representante, han sido tipificadas como graves, concretamente apertura de un establecimiento con categoría B, ocio nocturno, que debe permanecer cerrado como medida de prevención para la contención de la COVID-19 y denegación de apoyo, auxilio y colaboración con los agentes actuantes de la Policía Local.
En el caso de las personas físicas identificadas, las infracciones se tipifican como leves y se refieren a mantener reunión en un local que debe permanecer cerrado; esconderse para eludir el control policial; negarse a cumplir las órdenes de los agentes e incumplir la limitación de la libertad de circulación en horario nocturno.
A continuación, siguiendo los trámites administrativos, se notificará a los interesados que deberán abonar el importe de las multas o presentar alegaciones.
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