Los hospitales, residencias de mayores e infraestructuras esenciales de gestión privada en Castilla y León deberán contar con autonomía operativa mínima de 24 horas ante un posible corte de suministro eléctrico. Así lo establece una nueva medida impulsada por la Junta, que pretende extender a los centros no públicos las garantías que ya se aplican en los servicios asistenciales públicos.
La exigencia incluye disponer de un “stock de seguridad” de combustible, alimentación y balas de oxígeno suficiente para mantener los cuidados y servicios básicos sin interrupción. La norma se refuerza tras comprobarse durante el último apagón eléctrico que algunos centros privados carecían de reservas suficientes para hacer frente a una situación de emergencia.
La Junta también ha iniciado expedientes informativos a aquellos centros en los que se sospecha un posible incumplimiento de estas condiciones mínimas. En caso de confirmarse, podrán aplicarse sanciones dentro del marco normativo vigente, especialmente en los sectores sanitario y de servicios sociales.
Además, se ha autorizado la reposición inmediata de los suministros básicos utilizados en hospitales, residencias y centros educativos públicos durante el apagón. El objetivo es garantizar que todos los servicios esenciales estén preparados para responder con eficacia en caso de una nueva crisis energética.
