La Junta pone en marcha una recomendación histórica del Consejo: fondos condicionados a que los ayuntamientos rindan cuentas

Castilla y León ofrece una mejor ratio en la rendición de cuentas de las entidades que conforman el sector público local que la media del conjunto nacional

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El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y Léon, Mario Amilivia
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y Léon, Mario Amilivia

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, han analizado hoy en Palencia, en la sede del órgano de control externo, las iniciativas adoptadas por la Administración autonómica para mejorar la rendición de cuentas de las entidades locales ante los órganos de fiscalización. 

En el encuentro, al que también ha asistido el consejero de Entidades Locales, Emilio Melero, se ha puesto de manifiesto la relevancia de la novedad introducida por la Consejería de la Presidencia en la orden de convocatoria del Fondo de

Cooperación Económica Local General, al contemplar para el ejercicio 2021 por primera vez, como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias, la rendición de cuentas ante el órgano de control externo.

Amilivia ha subrayado la importancia de esta novedad porque representa el cumplimiento de una de las reivindicaciones históricas del Consejo de Cuentas para la mejora de la transparencia de las entidades locales.

En términos generales, Castilla y León ofrece una mejor ratio en la rendición de cuentas de las entidades que conforman el sector público local que la media del conjunto nacional pero, sin embargo, es superada de forma significativa por aquellas comunidades que han ido incorporando en la última década cambios normativos para condicionar el pago de determinadas ayudas o subvenciones a la efectiva rendición de la cuenta general ante el órgano de control externo autonómico. 

En este sentido, desde 2011 el Consejo de Cuentas venía planteando de forma sistemática la necesidad de que desde el ámbito autonómico se adopten reformas normativas en esa misma dirección. Una posición que desde 2017 se encuentra además avalada por el pronunciamiento unánime en una declaración conjunta de todas las instituciones de control externo de España.

Ya en el presente mandato, el actual Pleno del Consejo de Cuentas, en su Plan Estratégico 2019-2022 estableció como una de sus prioridades el impulsar cambios normativos tendentes a condicionar el pago de subvenciones y transferencias a la efectiva rendición de cuentas.

Así, el pasado mes de septiembre el Consejo trasladó a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León la necesidad de abordar un conjunto de reformas normativas, tanto para reforzar la autonomía orgánica y funcional de este órgano autonómico de control externo, como para estimular la rendición de cuentas y, por tanto, mejorar la transparencia de los entes fiscalizados.

Esta medida novedosa, que a criterio del Consejo debiera hacerse extensiva a otras convocatorias de ayudas, ya ha inducido un impacto positivo, al haberse registrado un incremento de tres puntos porcentuales en la rendición de cuentas por los ayuntamientos de la Comunidad dentro del plazo legalmente establecido, a pesar de las dificultades generadas en el funcionamiento ordinario de las administraciones por la pandemia de la COVID-19. A fecha actual, la cuenta general de 2019 ya ha sido rendida por el 86% de los 2.248 municipios de Castilla y León.

Amilivia también recordó que en 2020 se constató el mayor grado de aceptación de las recomendaciones del Consejo por parte de los entes fiscalizados, alcanzado en toda la serie histórica, y especialmente por la Junta de Castilla y León. “La consecuencia práctica de este mayor reconocimiento a la auctoritas del Consejo es, sin duda, la mejora en la gestión de los recursos públicos en beneficio del conjunto de los ciudadanos de esta Comunidad”, señaló.

Finalmente, el presidente del Consejo avanzó un intenso calendario institucional para este mes de julio con la aprobación de diferentes informes relativos a la Administración local, como son los 9 referentes a la gestión recaudatoria de las diputaciones, otro sobre los servicios de asistencia técnica a municipios de las instituciones provinciales, así como el informe anual sobre las cuentas del sector público local.

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