El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, han plasmado en su acuerdo presupuestario para 2019 su compromiso de impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para imponer un 'mailing' único y listas 'cremallera', es decir, candidaturas en las que haya que alternar a mujeres y hombres.
"Se acuerda realizar un 'mailing' electoral único", reza el documento suscrito por ambos este jueves en el Palacio de la Moncloa. Tras las elecciones generales de diciembre de 2015, los partidos ya analizaron la conveniencia de poner fin al envío postal de propaganda electoral por separado, pero finalmente no hubo acuerdo y en las legislativas de 2016 todos los electores volvieron a recibir un sobre de cada formación.
El acuerdo de socialistas y 'morados' se selló un día después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobase una reforma de la LOREG, incluida en la nueva Ley de Protección de Datos, que permitirá que los electores que lo deseen pidan al Censo que no pase su datos personales a los partidos para poder así evitar el 'mailing'. Esta reforma se aprobará en Pleno la próxima semana y está previsto que ya esté en vigor para las citas electorales de 2019.
El texto pactado también prevé el establecimiento de 'listas cremallera', un sistema que ya se aplican internamente tanto el PSOE como Unidos Podemos y que supera la previsión legal establecida en la Ley de Igualdad de 2007, cuando se apostó por la democracia paritaria.
Según norma vigente, ningún sexo puede copar más del 60% ni tener menos del 40% de candidatos en tramos de cinco, es decir, puede haber tres hombres y dos mujeres o viceversa sin importar el orden en el que figuren en la papeleta. Las listas 'cremallera', por contra, obliga a alternar a los dos sexos, lo que garantiza que la representación de ambos en las instituciones sea más equilibrada.
Imprescindible reducir la publicidad de apuestas
El Gobierno y Unidos Podemos consideran "imprescindible reconducir" la proliferación de personas que apuestan y la publicidad existente en partidos deportivos por lo que han acordado estudiar la inclusión en el marco regulador de los juegos de azar y apuestas 'online' de medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos, que "permitan reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y prevenir, anticiparse y, en su caso, identificar la generación de patrones de juego problemático, mejorando la protección del consumidor".
Asimismo, han pactado instar y reforzar la implicación y apoyo de los operadores de juegos de azar y apuestas en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de la actividad de juegos de azar.
En el documento, también se acuerda "reorientar" la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores 'online' para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego.
'Ley Mordaza'
En el acuerdo presupuestario se recoge el compromiso de suavizar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza' por sus detractores, y de despenalizar las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos.
Así, la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, mientras que la actuación policial deberá tener como guía "la dignidad de la persona y los derechos humanos", que los agentes deberán llevar siempre una la identificación una identificación "claramente visible", que el registro corporal sólo se aplicarán en casos de "indicios concretos y comprobables" y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.
Según se dice en el acuerdo, "es recomendable restringir al máximo" la posibilidad de que manifestaciones ofensivas puedan ser perseguibles penalmente y por ello se apuesta por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona".
