La Junta Directiva de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (AESAT) ha mantenido una reunión con la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López. Durante el encuentro, se le han trasladado diversos asuntos relevantes para el sector, entre los que se encuentra la problemática de los talleres ilegales en la provincia.
El presidente de AESAT, Sergio Pérez, ha destacado la labor que desde hace años lleva a cabo la asociación en esta lucha, subrayando que el intrusismo de los talleres clandestinos ha dejado de ser un asunto exclusivamente empresarial para convertirse en un dilema social, dadas las consecuencias negativas para la seguridad vial, el medioambiente y la seguridad industrial, sin olvidar la economía española. "El impacto de los talleres ilegales trasciende la competencia desleal; afecta directamente a la seguridad de todos", ha afirmado Pérez.
AESAT, organización integrada en CEOE CEPYME Salamanca, ha agradecido la disposición de la subdelegada para abordar esta problemática y ha destacado las oportunidades de colaboración que se presentan. Desde la asociación se ha recordado que cualquier asociado que pueden denunciar malas prácticas, fraudes o acciones antiecológicas por parte de un taller de manera completamente anónima, y que cuentan con el respaldo de AESAT para trasladarlas sus denuncias de manera anónima a la Administración.
Pérez también señaló que muchos usuarios acuden a talleres clandestinos pensando erróneamente que ahorrarán dinero. "Estos talleres pueden parecer más baratos, pero hay que tener en cuenta que muchas veces no cuentan con la formación adecuada, ni con instalaciones y herramientas apropiadas para realizar los trabajos correctamente", explicó. En este sentido, desde AESAT se señala que esta elección puede traer consecuencias negativas tanto para los vehículos como para la seguridad de los usuarios.
Por todo ello, AESAT ha querido reafirmar con esta reunión su compromiso de seguir colaborando con las autoridades para erradicar este tipo de prácticas y proteger tanto a los talleres legítimos como a los consumidores.
