La diputada del GPP, María Jesús Moro, señala que el cambio en la legislación civil sobre discapacidad supone “un paso esencial” que reconoce la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Destaca el amplio consenso de una reforma “largamente esperada y reclamada” por el movimiento de la discapacidad, en la que el Grupo Popular ha presentado hasta 84 enmiendas para mejorar normas que regulan actuaciones imprescindibles a lo largo de una vida: nacimiento, determinación de la filiación, matrimonio, divorcio, relaciones de familia, contratación o sucesiones.
Asegura que dicho proyecto, que modifica siete de las principales normas de derecho privado adecuándolas a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, “nos reconcilia en tiempos tan convulsos”. “Hemos contribuido a hacer buena la política que busca soluciones para mejorar la vida de las personas”, subraya.
Señala que con esta ley, que ha contado con el impulso y la implicación del CERMI, “desaparece de nuestro ordenamiento jurídico la incapacitación judicial”. “El principio fundamental que informa esta reforma”, destaca, “es que todas las personas tienen plena capacidad jurídica y, por ello, pueden ejercitarla”. “No es una opción con la que podamos estar más o menos de acuerdo es, simplemente, una cuestión de respeto y cumplimiento de derechos humanos”, proclama.
“Hemos contribuido a cumplimentar una tarea pendiente por demasiado tiempo, impulsados y acompañados en todo momento por los propios interesados”, afirma. Subraya que “las personas con discapacidad han de recibir el mismo trato que todas las demás”.
De las enmiendas del Grupo Popular, María Jesús Moro destaca las que han contribuido a materializar los siguientes principios: las medidas de apoyo son un derecho de la persona con discapacidad; siempre que sea posible, y así se desee, será la persona la que decida voluntariamente las medidas de apoyo; que se integre y no se expulse del mercado a las personas con discapacidad: la discapacidad no puede ser causa de nulidad contractual.
Las enmiendas del GPP también han contribuido a que no se estigmatice a la persona con discapacidad con una publicidad inadecuada de acuerdos y resoluciones; el cambio en el desarrollo de todos los trámites y procedimientos para garantizar la accesibilidad; y que la prodigalidad no puede mantenerse tal y como se regula en el derecho vigente.
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