La denominada ‘gestión enfermera de la demanda’, con la que el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) se ha propuesto traspasar competencias clínicas al personal de enfermería en la atención de supuestas patologías leves, se ha encontrado con la frontal oposición del sindicato médico CESM, que ha advertido de su disposición a exigir, si llega el caso, responsabilidades penales por suponer un caso claro de intrusismo profesional, al invadir competencias que la ley reserva en exclusiva a los médicos.
El modelo cuestionado por lo facultativos ya funciona o se está implantando en 15 centros de salud de Castilla y León, y es fruto del acuerdo alcanzado hace ahora algo más de tres años entre la Consejería de Sanidad, el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería y el sindicato Satse. Un acuerdo que ya fue rechazado por el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León y que no es fruto del consenso profesional.
“Se trata -según la definición que recoge la agencia regional ICAL a partir de fuentes oficiales del Sacyl- de una nueva organización del trabajo que permite a los enfermeros recibir a pacientes que precisan atención preferente y no disponen de cita, realizarles una evaluación inicial y decidir sobre el proceso asistencial, los recursos, incluso finalizar la consulta sin tener que derivarlo al médico si así lo consideran oportuno”.
Faltan médicos, “ésa es la verdad”
El secretario general de CESM-Castilla y León, el doctor Tomás Toranzo, recuerda que las competencias de médicos y enfermería están delimitadas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que es de alcance nacional y determina que las atribuciones clínicas y asistenciales de los médicos no son delegables. Y subraya que si los facultativos quieren hacer valer esto “no es por corporativismo profesional, sino porque la legislación y el sentido común indica que es la mejor forma de garantizar la calidad y seguridad de la atención que reciben los pacientes”. “Una cosa es trabajar en equipo y otra delegar competencias profesionales que son exclusivas del médico”, puntualiza en este sentido.
El sindicato arremete contra los principales argumentos que esgrime al respecto el Sacyl. Le parece insostenible, por ejemplo, que se hable de patologías “leves”, ya que el carácter de éstas es fruto de un diagnóstico que sólo compete hacer al médico.
Por otra parte, considera falaz que diga que lo mismo ya se está haciendo en otras comunidades autónomas, puesto que “lo que carece de justificación no la adquiere por mucho que otros incidan el mismo error”, y también considera “inverosímil” que se pretenda revestirlo como un avance en la organización de la asistencia. “Es un contrasentido que hace unos años se exigiese la especialización en Medicina Familiar y Comunitaria para poder ejercer en Atención Primaria (AP) y ahora parte de esas competencias, que a tenor de lo anterior ya no pueden ser ejercidas en el sistema público por los licenciado en medicina, se quieran trasladar a enfermería”.
En realidad, “el auténtico objetivo es abaratar la asistencia a costa de la calidad”, concluye el doctor Toranzo, quien señala que “el verdadero avance sería destinar más presupuesto a contratar más médicos para reforzar las plantillas de especialistas AP”.
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