El Movimiento Feminista de Salamanca denuncia la penalización de las mujeres que quieren ejercer un aborto seguro

No cesan en su compromiso por conseguir que este derecho se pueda ejercer con toda la libertad y las garantías que se explicitan en la Ley

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movimiento feminista
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Ya han pasado más de 31 años desde la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y más de 11 años de la promulgación de la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ampara el derecho a las mujeres a abortar libremente. Sin embargo, cada día el Movimiento Feminista de Salamanca recibe testimonios de mujeres que cuando quieren ejercer ese derecho inician una carrera de obstáculos en la que se ven ninguneadas y culpabilizadas, y que les demuestra que pese a esas “rimbombantes leyes”, se sigue penalizando este ejercicio. Este martes 28 de septiembre todos los Movimientos Feministas del mundo se unen para reivindicar un aborto seguro y contra su penalización.

Desde el Movimiento Feminista de Salamanca han realizado gestiones, tanto con el Procurador del Común de Castilla y León, como con el Director General de Asistencia Sanitaria de Sacyl, para denunciar el hecho de que no se realizan las IVEs en los hospitales públicos de la comunidad. En ambos casos les han respondido que el motivo es que “los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo se acogen a la objeción de conciencia”. Sin embargo, no todo el personal sanitario que ejerce en el hospital de Salamanca se ha acogido a la objeción de conciencia en la forma que se explicita en la Ley: “siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito” (artículo 19). En efecto, así lo ha podido comprobar el Movimiento Feminista tras contactar con algunos de estos profesionales, que han manifestado que no han realizado esa objeción; simplemente, como nunca se ha entendido que esta intervención deba ser prestada por el sistema público, no se ha planteado llevarla a cabo. Si no hay objeción por escrito y de manera anticipada no hay objeción, de lo que el Movimiento Feminista habla es de una objección institucional que vulnera la Ley del Aborto.

Cartel acción 28 de septiembre. Movimiento Feminista
Cartel acción 28 de septiembre. Movimiento Feminista
 

Desde el Movimiento Feminista de Salamanca entienden que tras este pretexto se está anteponiendo “una posición ideológica”, con la excusa del Derecho a la Objeción de Conciencia de los profesionales sanitarios, al Derecho de las mujeres de poder realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en su lugar de residencia y con las máximas medidas de seguridad y calidad que ofertan los servicios sanitarios públicos.  Esta situación demuestra una falta de respeto y compromiso con la Ley y causa un daño irreparable a cientos de mujeres que, cuando deciden ejercer su Derecho, reconocido por una Ley Orgánica, sufren la discriminación de tener que desplazarse para una intervención que debería ser asumida por los servicios sanitarios públicos; en este caso, por el servicio de Ginecología del Hospital de Salamanca.

Desde el Movimiento Feminista insiten que al mismo tiempo es necesario el compromiso institucional para que se revisen las actuaciones de los servicios de ginecología, para evitar, que desde este servicio se ejerza una presión que lleve a discriminar a los y las profesionales sanitarios que no realicen esa objeción y que estén dispuestos a realizar las IVEs. 

En el Artículo 12 se insiste en la garantía de que las condiciones para la IVE deben ser interpretadas en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación. Sin embargo, las 163 mujeres que han recibido esta prestación a cargo del sistema público de salud han tenido que desplazarse a un centro concertado fuera de Salamanca, mientras que 41 han optado por financiar su intervención para elegir el lugar donde se llevo a cabo. Ello vuelve a demostrar la doble discriminación realizada sobre mujeres de menor poder adquisitivo. Informan desde el Movimiento Feminista de Salamanca

Desde el Movimiento Feminista de Salamanca no cesan en su compromiso por conseguir que este derecho se pueda ejercer con toda la libertad y las garantías que se explicitan en la Ley, y han remitido una carta al Director Médico del Complejo Hospitalario de Salamanca para que tome las medidas necesarias para hacerlo efectivo. Exigen también, que se garantice la aplicación de la Ley  Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y se desarrolle un protocolo para que la misma se haga efectiva en ese hospital y las mujeres de la provincia puedan ejercer su derecho con todas las garantías que están claramente especificadas en esta ley y se acabe con el maltrato institucional que obliga a abortar lejos y solas a cientos de kilómetros de nuestros hogares, en centros privados que no garantizan la salud ni física ni psicológica.  

El Movimiento Feminista de Salamanca exige que existan registros de facultativos médicos y sanitarios objetores de conciencia y existan alternativas que garanticen que las mujeres sean atendidas en el hospital de referencia público al que pertenecen.

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