Fijar población en el medio rural es una de las prioridades de la Junta. De ahí la propuesta de crear una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) dirigida a promover un parque inmobiliario de alquiler en los pueblos, que se podrán aplicar los contribuyentes que recuperen una vivienda con ese propósito y la arrienden por menos de 300 euros al mes durante los cinco años siguientes, o bien la anuncien para ese fin si queda vacía.
Para acceder a la bonificación del 15% de la inversión en el Impuesto sobre la Renta, con un máximo de 20.000 euros, es necesario que el valor de la edificación no supere los 135.000 euros y que esté situada en una localidad de menos de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia. Puesto que esta medida pretende además fomentar la inversión y, con ello, generar actividad y empleo en los pueblos, está abierta a cualquier contribuyente, con independencia de su nivel de ingresos.
En la misma línea de favorecer el asentamiento de nuevos pobladores en los núcleos más pequeños, el borrador de la que también se conoce como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos mejora las condiciones de las ventajas fiscales ya existentes por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual para menores de 36 años residentes en pueblos, con las mismas características que las mencionadas para la realización de obras con destino al alquiler.
En concreto, la bonificación pasa del 5 % o el 10 %, según el caso, hasta el 15 %, para equipararse con la destinada a favorecer el arrendamiento rural. Del mismo modo, se amplía de 10.000 a 20.000 euros el importe con derecho a deducción de los trabajos de carácter medioambiental que se efectúen en los inmuebles o para adaptarlos a personas con discapacidad.
Apoyo al sector primario con la exención de la tasa por servicios veterinarios
En materia de tasas y precios públicos –que no experimentan ningún incremento en este borrador de ley–, se introducen cinco modificaciones. La más sustancial afecta a la relativa a la prestación de servicios veterinarios para determinadas explotaciones agrícolas, donde se suprime temporalmente la obligación de pago para el transporte y circulación de bovino procedente de explotaciones con orientación láctea, y de ovino y caprino criado en instalaciones dedicadas a lácteo o cárnico. Esta medida tiene como objetivo apoyar al sector primario, estratégico para Castilla y León, y pretende paliar las consecuencias de la bajada de precios de la producción, que en el caso del subsector de vacuno de leche derivan en gran medida de la desaparición del régimen de cuotas lácteas.
Las deducciones sobre la tasa por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, que hasta ahora se aplicaban en distinto porcentaje según las especies, se unifican al alza, es decir, fijando la bonificación máxima para estimular la realización de controles oficiales. Para las familias numerosas se elimina el requisito de capacidad económica para aplicarse las exenciones y bonificaciones a las que tienen derecho sobre la tasa por la expedición de títulos y certificados académicos, y por la realización de pruebas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias. Por último, el borrador de la ley recoge retoques técnicos en la tasa en materia de servicios de comunicación audiovisual y en la derivada de actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas.
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