La Junta de Castilla y León ha iniciado este martes la tramitación de una nueva normativa reglamentaria con el fin de regular a los letrados y a los Servicios Jurídicos en la comunidad. Se va a conceder un plazo de 15 días naturales desde el inicio de la publicación para que aquellas personas que quieran puedan aportar sus sugerencias, con el fin de enriquecer el texto de la norma.
El Reglamento de organización y funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, procura tratar el desarrollo de las funciones que tienen relación con la asistencia jurídica de la Administración autonómica. De esta forma, dichas funciones tienen carácter consultivo, también de asesoramiento jurídico interno y contenciosas, lo que quiere decir que mantienen representación y defensa en los juicios.
Además, se traza una estructura y organización mejorada y más adecuada de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, para hacer posible una actuación con mayor flexibilidad en el desarrollo de las funciones y cometidos que se le asignan a los miembros que integran este cuerpo autonómico de letrados.
Luis Miguel González Gago, consejero de la presidencia, ha dicho que “la profesionalidad de los empleados públicos que integran los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León ha llevado a este departamento a ser una referencia para el resto de las comunidades autónomas. Su trabajo, no siempre visible, garantiza que todas las actuaciones que desarrolla esta Administración estén perfectamente ajustadas a derecho, lo cual genera confianza en los ciudadanos y estabilidad en la esfera pública”.
Así, la normativa reguladora ha experimentado, paulatinamente, sucesivas modificaciones y ampliaciones. Con ello, antes la asistencia jurídica se ceñía a la Administración general e institucional, pero ahora se ha extendido a otros ámbitos del Sector Público de la Comunidad, entre ellos entes públicos de derecho privado o las funciones públicas.
Además, se posibilita que esta asistencia jurídica pueda llegar al personal al servicio de la propia Administración, y a mujeres víctimas de maltrato. Incluso, mediante la firma del correspondiente convenio, podría extenderse a las entidades locales castellanas y leonesas, y a las instituciones propias de la Comunidad previstas en el Estatuto de Autonomía.
Finalmente, estas sugerencias acerca del reglamento pueden hacerse a partir del siguiente enlace en el Espacio de Participación de la Junta de Castilla y León.
