El nuevo programa de ayudas de 'bonotaxi' estará dotado con 30.000 euros

El presupuesto destinado es prorrogable en caso de que se agote. Está destinado para las personas con discapacidad y movilidad reducida

 Concentración de los taxistas por la competencia desleal
Concentración de los taxistas por la competencia desleal

El Ayuntamiento de Salamanca ha impulsado una nueva convocatoria para la concesión de ayudas de 'bonotaxi' para las personas con discapacidad y movilidad reducida. La Comisión de Bienestar Social abordará el próximo jueves estas ayudas cuya finalidad es facilitar el acceso a los taxis adaptados a la vez que la integración y el pleno desarrollo de una vida social autónoma.

El Consistorio salmantino destinará a este programa una dotación inicial de 30.000 euros, pudiéndose ampliar cuando se agote y se presenten solicitudes. Con el mismo se facilita a este colectivo los desplazamientos de forma habitual a centros laborales, de formación, médicos, de rehabilitación o de estancias diurnas. La aportación se concreta a través de vales o bonos que las personas beneficiarias pueden utilizar en taxis adaptados para sus desplazamientos dentro del municipio de Salamanca y su entorno.

Estas ayudas económicas son individuales para personas discapacitadas físicas, gravemente afectadas en su movilidad y que no pueden hacer uso, con carácter general, de los transportes públicos de la ciudad.

Quedan excluidas de esta convocatoria las asociaciones, entidades, administraciones u otras personas jurídicas. Asimismo, el disfrute de esta subvención será compatible con cualquier otra ayuda o subsidio de movilidad. El plazo de presentación de las solicitudes, que deben realizarse en el Registro General del Ayuntamiento de Salamanca, permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 31 de octubre del presente año.

Las prestaciones de este programa las pueden solicitar las personas con discapacidad y movilidad reducida empadronadas en el municipio de Salamanca, que no superen una renta per cápita anual superior a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente durante 2018, tengan reconocida la condición legal de persona con discapacidad (en grado igual o superior al 33%) y movilidad reducida que impida utilizar los transportes públicos colectivos o, entre otros requisitos, que carezcan de vehículo propio adaptado.

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