Los Procuradores del PSOE por Salamanca, Rosa Rubio y Juan Luis Cepa, han informado hoy en rueda de prensa sobre la petición registrada en las Cortes de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista pidiendo la creación de una Comisión de investigación donde se esclarezca la gestión realizada por la Junta en las residencias de mayores durante los momentos más duros de la pandemia y poder conocer “qué es lo que falló, que pasó, y evitar que vuelva a suceder o se vuelva a repetir” han dicho.
Tanto PP como Ciudadanos se han opuesto a crear esta Comisión que ahora si puede ser posible gracias al cambio en la mayoría parlamentaria propiciado por la moción de censura que presentaron los socialistas, “porque siempre” ha indicado Juan Luis Cepa, “tanto PP como Ciudadanos han querido callar, diluir y ocultar lo que pasó” y no aclarar ni explicar los cambios de criterio que tuvo la Junta en los protocolos de actuación en las residencias de mayores en los momentos más duros de la pandemia.
Cepa ha recordado que la primera orden dada por el gobierno de Mañueco e Igea en aquellos momentos de crisis sanitaria fue que no se trasladará ningún residente a los hospitales, “desamparando a nuestros mayores y abandonándolos a su suerte”, después modificaron la norma para permitir este traslado en casos muy excepcionales siempre y cuando el residente tuviera serias opciones de recuperación, “hasta aquí fueron capaces de llegar”, para terminar optando por trasladar a aquellas personas que decidieran los equipos Covid de las residencias, “eludiendo toda su responsabilidad”.
En estos mismos términos se ha mostrado Rosa Rubio quien ha denunciado la falta de transparencia del ejecutivo presidio por Mañueco, y de la Consejería de Salud, a la hora de explicar la gestión que ha llevado la Junta en las residencias
Y, sobre lo ocurrido en estos centros en la etapa más dura de la crisis sanitaria
A esto hay que añadir la falta de personal y las precarias condiciones laborales que se produce en estos centros. Este es el modelo residencial que defiende la Junta, “un modelo que han tenido abandonado durante más de 30 años”. Existe una mala imagen de las residencias debido a la falta de transparencia y donde ha primado “el negocio y no el servicio”, y solo hay un culpable, “la Junta de Castilla y León”, ha remachado.
La procuradora salmantina ha justificado sus afirmaciones aportando una serie de datos, en Castilla y León, ha explicado, hay 1.214 centros de carácter residencial de los que solo 25 son gestionados por la Junta. Concretamente en Salamanca, hay 7.402 plazas residenciales, de la cuales solo 2.339 son plazas públicas o concertadas.
