El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) ha respaldado la Proposición de Ley sobre la Eutanasia que se debatirá en las próximas horas en el Senado pero aboga por permitir que los menores de edad puedan solicitar la eutanasia.
El GEPC, integrado por alrededor de 200 catedráticos y profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de universidades españolas, jueces, magistrados y fiscales, señala en un comunicado recogido por Europa Press, que es "inadecuado que el derecho a recibir la ayuda a morir se reconozca solamente a las personas mayores de edad".
"Con las debidas garantías, debería ser suficiente con que la persona posea capacidad natural de juicio para entender el alcance de su decisión y decidir por sí misma lo que es mejor para ella", añaden.
En todo caso, valora positivamente la ley y considera "razonables tanto el procedimiento como las garantías que incorpora el modelo para el correcto ejercicio del derecho a la eutanasia, al prever medidas adecuadas para eludir los riesgos de posibles abusos".
En esta línea, el GEPC aplaude que la Proposición de Ley contemple "la posibilidad de ejercer el derecho a la libertad de conciencia del personal sanitario que intervenga directamente en la prestación de la ayuda, así como que prevea las condiciones básicas de su ejercicio, la necesidad de su previa manifestación por escrito y la creación de un registro destinado a asegurar la efectiva realización de los derechos relativos a la disponibilidad de la propia vida".
Para el GEPC, esta ley que va a debatirse y votarse en la Cámara Alta, supone "un avance indiscutible para resolver las situaciones en las que la vida pierde su sentido como valor humano".
El Grupo, que hace 30 años propuso ya diversas medidas para garantizar la libre disposición sobre la propia vida bajo determinadas condiciones, sostiene que "los límites del deber médico no pueden estar determinados únicamente por las posibilidades del tratamiento médico, sino que este ha de fundamentarse en una finalidad curativa, incompatible con estados inhumanos de mantenimiento y prolongación de la existencia".
Además, el Grupo de Estudios de Política Criminal afirma que "una creciente mayoría de la población española muestra una actitud favorable al reconocimiento del derecho de la persona a decidir sobre su propia vida". También asegura que existe una "opinión médica mayoritaria, que confirma la insuficiencia de los cuidados paliativos para tratar estas situaciones".
Aunque reconoce que España "ha avanzado en los últimos años en el reconocimiento del derecho a rechazar un tratamiento médico y en algunos casos a la sedación paliativa", subraya que el actual Código Penal aún considera punible la causación de la muerte a petición expresa de la persona para poner fin a una situación de sufrimiento o dolor, grave e irreversible.
"El castigo penal en estos casos es sumamente insatisfactorio, por lo que la regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio ha de reconocer, bajo determinadas condiciones, la disponibilidad de la propia vida y, correlativamente, el derecho a morir. Porque la vida es un derecho y no un deber", ha destacado el Grupo.
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