El nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de las víctimas de violencia de género empieza a aplicarse desde este miércoles, día 13 de marzo, después de que la Secretaría de Estado de Seguridad haya notificado de manera oficial la instrucción.
Como novedad, se alertará a la autoridad judicial mediante una diligencia expresa de aquellos casos que sean susceptibles de evolucionar en violencia más grave e incluso en asesinato, y también de los casos en los que haya menores a cargo de la víctima que estén en situación de vulnerabilidad.
En esta comunicación interna se explican los motivos de la "mejora" de los formularios y herramientas para la elaboración de la valoración policial del riesgo (VPR) versión 5.0, enmarcada en el Sistema VioGén. La puesta en marcha del nuevo protocolo se produce después de la celebración de varias jornadas de formación para los agentes, según han subrayado fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press.
Ésta es la quinta vez que se actualizan estos formularios que se realizan de manera obligatoria desde el año 2007. Se pretende "mejorar la predicción de reincidencia de nuevos episodios de violencia", así como "identificar y alertar" a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal de los casos que tienen un riesgo "de especial relevancia" que son "susceptibles de evolucionar en violencia más grave", como el asesinato de la mujer.
Detectar a menores "en situación de vulnerabilidad"
El nuevo protocolo policial tiene también el objetivo de detectar los casos con menores a cargo de la víctima "en posible situación de vulnerabilidad", según se señala en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Otro de los objetivos es "clarificar y simplificar" algunas cuestiones, como el tratamiento de ciertos casos de violencia de género la aplicación de medidas policiales de protección de carácter obligatorio según cada nivel de riesgo, así como la elaboración de un plan se seguridad personalizado (PSP).
En concreto, llama a "evitar doble victimización en el momento de recabar información muy sensible y personal de la víctima o su agresor" y "evitar sugerencias que conduzcan a desviaciones o sesgos en las respuestas".
Asimismo, la notificación enviada por Interior señala que los supuestos "de ausencia de denuncia" deben hacerse "constar expresamente a la autoridad judicial y fiscal". También hace mención especial a los "muchos" delitos de violencia de género que comenten a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación --violencia de género digital--.
Alertar de casos "especialmente relevantes"
Una novedad de los nuevos formularios para la valoración del riesgo es que se informará a la autoridad judicial de los casos denominados "especialmente relevantes" por el riesgo asociado a ellos mediante una diligencia expresa. Se recomendará la práctica de evaluaciones adicionales en el ámbito judicial.
Con la nueva valoración policial también se trasladará a la autoridad judicial a través de una diligencia aquellos casos que incluyen a menores a cargo de la víctima que podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad. En estos casos se aconsejará la práctica de valoraciones adicionales.
Medidas de protección
Cada nivel de riesgo lleva asociadas unas medidas policiales de protección específicas que será obligatorias, aunque se podrá adoptar cualquier otra que la unidad policial considere.
Por ejemplo, cuando cataloga un caso con riesgo extremo, se realizará un control intensivo de los movimientos del agresor "hasta que deje de ser una amenaza inminente" para la víctima. Se ofrecerá protección permanente de la víctima y, si procede, habrá vigilancia en los centros escolares de los hijos de la víctima.
Si el riesgo asociado al caso es alto se procederá al control aleatorio de los movimientos del agresor y contactos esporádicos con personas que éste frecuente o de su entorno. También contempla el traslado de la víctima a un centro de acogida, casa de un familiar o domicilio distintos, al menos hasta que el agresor sea localizado por la Policía. También habrá un control frecuente y aleatorio del domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en los centros escolares de sus hijos.
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