La procuradora de Podemos por Salamanca en las Cortes de Castilla y León, Isabel Muñoz, ha registrado una pregunta sobre las actuaciones que realiza la Junta de Castilla y León para la localización de edificaciones con estructuras o restos de amianto, así como para la protección de la salud pública como consecuencia de los riesgos asociados a este material, peligros que son sobradamente conocidos.
La iniciativa surge tras las conversaciones mantenidas con vecinas y vecinos de Salamanca que residen en la avenida de los Comuneros y alrededores, explican desde la formación morada. Según las quejas vecinales, todo parece indicar que los techos del conocido edificio donde se ubicaba Citroën son de uralita y se encuentran muy deteriorados. Este edificio está completamente rodeado de zonas residenciales y la situación podría afectar a la salud de las personas que allí viven, detallan desde la formación.
La pregunta parlamentaria de Muñoz se une a una larga lista de iniciativas presentadas por Podemos para solucionar los problemas que ocasiona este peligroso material. Meses atrás los procuradores Carlos Chávez y Ricardo López registraron una proposición no de ley para instar a la Junta a adoptar medidas en relación con el amianto tales como la realización de un inventario del amianto presente en los edificios públicos de Castilla y León, la elaboración de un proyecto calendarizado, y con partida presupuestaria suficiente, para la retirada del material tóxico y la elaboración, en colaboración con las instituciones locales, de un mapa de infraestructuras que contengan el material tóxico, con especial atención a aquellas relacionadas con el uso humano como son tuberías, canalizaciones, revestimientos en tubos de calefacción o dobles techos, entre otras muchas.
Para Isabel Muñoz, “es imprescindible que el problema del amianto se aborde desde una perspectiva de salud pública”, ya que “en todos los casos las Administraciones públicas deben responder con rapidez y eficacia para garantizar la protección de la salud de las personas”. Por último, la procuradora salmantina ha reafirmado que “queremos conocer cuántas edificaciones pueden resultar dañinas para la salud de las y los salmantinos y qué medidas se van a adoptar para proteger a las personas”.
