Las medidas, que se han dado a conocer este jueves, se pondrán en marcha a partir del próximo lunes, siempre y cuando Salamanca entre definitivamente en la Fase 2. Con respecto a los permisos de salida, también se dicta que a la hora de fijar la fecha para salir, se tendrán en cuenta las restricciones a la movilidad en la zona en la que se encuentre el centro y el lugar de disfrute del permiso.
Asimismo, se reanudarán las actividades de intervención y tratamiento. Se retomarán, de forma paulatina y gradual, las que dependen de la entrada a los centros de profesionales externos. Sobre la actividad educativa, los internos serán atendidos individualmente y, si la actividad ha de realizarse en grupo, este no superará las 10 personas.
Para la realización de actividades terapéuticas no podrán entrar en el centro más de dos personas por entidad colaboradora. Además, se autoriza la entrada de una persona por confesión religiosa que realizará una atención individualizada, mientras que la atención en grupo será proporcional al aforo para mantener el distanciamiento social.
SE REANUDAN LOS TRASLADOS
Por otra parte, Instituciones Penitenciarias recuperará paulatinamente las conducciones regulares que quedaron suspendidas tras la declaración del estado de alarma para aquellos centros penitenciarios que se encuentren en zonas geográficas que tengan aprobada la movilidad. También se volverán a permitir los traslados interprovinciales en régimen de autogobierno para aquellos internos clasificados en tercer grado con destino a un Centro de Inserción Social (CIS).
Sin embargo, no se trasladará a los internos que se encuentren en módulos en cuarentena sanitaria y aquellos que cambien de centro, deberán permanecer en observación médica durante 14 días o el tiempo que determine el personal sanitario.
En un comunicado, Instituciones Penitenciarias ha informado que, tras el cierre de las prisiones al exterior días antes del estado de alarma por el coronavirus, la incidencia de la COVID-19 entre la población privada de libertad ha sido cuatro veces inferior a la de la población en general.
Según los datos facilitados, 81 internos de los cerca de 50.000 que dependen de la Administración Central han dado positivo por COVID-19. De ellos, dos fallecieron, uno sigue hospitalizado y 52 han recibido ya el alta médica definitiva.
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