El Procurador del Común pide la elaboración de una normativa que regule la instalación de castillos hinchables

Los denominados 'hinchables' quedan encuadrados bajo el ámbito de aplicación de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León pero no tienen una normativa específica. Se insta a los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que aumenten la vigilancia de este tipo de atracciones y elaboren un protocolo que garantice las condiciones de seguridad de los menores

 Hinchables de agua de Santa Marta (35)
Hinchables de agua de Santa Marta (35)

El Procurador del Común ha iniciado un expediente de oficio relativo a los protocolos que se regían en la instalación de los denominados castillos o equipos de juego hinchables destinados al entrenimiento de los menores. 

Sin embargo, según comentan, pueden suponer un riesgo para la seguridad de un colectivo tan vulnerable, más aún cuando se han producido accidentes generalmente ocasionados por el mal anclaje al suelo, un excesivo aforo y la falta de supervisión. 

Ante ello, y como recogen, este tipo de instalaciones deben cumplir una normativa de seguridad cuyas medidas no están recogidas expresamente en Castilla y León. Así, para el Procurador del Común, "no puede obviarse que estos equipos de juego quedan encuadrados bajo el ámbito de aplicación de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León. De forma que están sometidos al régimen de autorizaciones municipales previsto en los artículos 11 a 13 de la citada norma, así como al cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad recogidas en el artículo 7".

Pese a lo anterior, eso sí, "proliferan atracciones de esta tipología adquiridas o alquiladas para fiestas infantiles, públicas o privadas, o para restaurantes que se instalan de forma rápida sin los anclajes u otras medidas de seguridad necesarias y se utilizan sin ningún tipo de supervisión o control. Produciéndose, así, accidentes en su utilización, por una falta de previsión, por desconocimiento de su uso o por no respetar las normas preventivas".

De hecho, aseguran, son diversos los ayuntamientos que no realizan inspecciones sobre los castillos hinchables en su municipio. Por otro lado, no consta la imposición de medidas correctoras o sancionadoras, por lo que ha decidido crear un protocolo de actuación para verificar la seguridad durante el proceso de autorización, instalación, funcionamiento y disfrute de estas atracciones infantiles. 

Además, el Procurador del Común apunta a la necesidad de una normativa que en Castilla y León recoja las condiciones técnicas específicas de seguridad que deben cumplir tales aparatos (con la finalidad de exigir y garantizar su cumplimiento) y los mecanismos de control y supervisión para asegurar la integridad de los usuarios en un entorno y con unos materiales y equipamientos seguros y adecuados.

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