El Procurador del Común ha pedido a la Junta de Castilla y León que elabore, de forma coordinada con todos los agentes implicados en el ámbito sociosanitario, un protocolo “único, común y específico” para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, en el que se establezcan las pautas específicas de actuación y las medidas de prevención concretas para el desarrollo de la actividad en el entorno actual de la crisis sanitaria y que sirva para el futuro una vez que las condiciones sanitarias hayan mejorado, mediante la modulación y adaptación de las medidas a una situación de normalidad.
Asimismo, Tomás Quintana ha instado al Gobierno autonómico a que dicho protocolo se remita a todas las administraciones prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante gestión directa o indirecta, para su aplicación en todo el territorio de la Comunidad, “velando por su efectivo cumplimiento”.
Esta petición es fruto de una resolución recientemente remitida a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades como resultado de una actuación de oficio promovida por el Procurador del Común, debido a la realidad que afecta a los usuarios y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, ya que “ambos son personas en situación de especial vulnerabilidad ante cualquier infección y a la COVID-19”, unos por su edad avanzada y patologías y otros por su exposición debido al contacto estrecho con los usuarios.
Por esta razón, desde el mes de marzo se cuenta con un Documento Técnico de Recomendaciones de Actuación desde los Servicios Sociales de Atención Domiciliaria ante la crisis por COVID-19, aplicables en todo el país y desarrolladas en el ámbito de Castilla y León por la Administración autonómica mediante una serie de indicaciones referidas al Servicio de Ayuda a Domicilio.
No obstante, el Procurador del Común ha considerado que tanto las personas que reciben el servicio como las que lo prestan están sometidas a un riesgo diario, por lo que “resulta de la mayor importancia extremar las medidas de protección y seguridad que eviten el contagio y la transmisión a las personas a las que cuidan o a miembros de su entorno”, lo que “hace oportuno establecer estrategias particulares e individualizadas para el sector mediante la elaboración de un protocolo de actuación diseñado para proteger tanto a las personas mayores usuarias del servicio como a quienes los cuidan en sus domicilios”.
Un protocolo en la línea de las pautas de actuación de que ya disponen algunas otras Comunidades Autónomas, como Andalucía, Aragón, Galicia, País Vasco o Madrid, que se han dotado de guías de actuación en los que se contienen medidas preventivas y de protección para el colectivo que presta el servicio, relativas a la higiene personal, la limpieza del domicilio, el manejo de ropa y objetos o a la gestión de residuos, de prevención y protección individual en relación con la atención que se ha de dispensar a personas con COVID-19 en sus domicilios, medidas a considerar en la organización de la prestación del servicio por parte de las empresas del sector, la formación de los trabajadores para la aplicación de las medidas preventivas así como otros aspectos.
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