En las últimas semanas, a partir de la situación de emergencia sanitaria que padecemos y de la declaración del estado de alarma, el Procurador del Común no solo está recibiendo quejas relacionadas con los problemas generados por el covid-19, sino que, atento a la dura realidad que viven los ciudadanos de la Comunidad, ha promovido desde el inicio de la situación numerosas actuaciones de oficio, de las cuales algunas de las últimas tienen que ver con el esfuerzo terapéutico que merecen las personas mayores, como colectivo que se está viendo afectado en mayor medida por la enfermedad, y con los efectos de la pandemia sobre las personas que residen en el en el medio rural de la Comunidad.
Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre el hecho de que alguna Comunidad Autónoma, al parecer, había recomendado a los profesionales sanitarios limitar el esfuerzo terapéutico destinado a los mayores de ochenta años, con objeto de priorizar la atención de quienes tuvieran, en razón de la edad, mayor esperanza de vida, la Procuraduría se ha dirigido a la Consejería de Sanidad para conocer si hay protocolos de actuación y en qué sentido sobre un asunto que es considerado de extraordinaria importancia por el Procurador del Común, en cuanto defensor de los derechos de todos los ciudadanos y, en especial, de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como, sin duda, es la población de la tercera edad.
Sobre esa base, además, se ha pedido a la citada Consejería la realización de todos los esfuerzos humanamente posibles para que no se prive a ningún ciudadano del tratamiento requerido para curar la enfermedad, con independencia de la edad.
Con posterioridad al inicio de esta actuación de oficio promovida por el Procurador del Común, el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer un Informe sobre Aspectos Éticos en Situaciones de Pandemia: el SARS-CoV-2, que incide en las cuestiones consideradas por la Defensoría para que las decisiones que se adopten estén presididas por los principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia.
Con referencia a los especiales problemas que se derivan de la pandemia, la Defensoría también ha actuado de oficio para conocer si hay una particular prevalencia de la infección por Covid-19 y con qué efectos en el medio rural, teniendo en cuenta las condiciones de dispersión demográfica, envejecimiento y afectación pluripatológica de una parte importante de la población que reside en los municipios rurales de la Comunidad, así como el desplazamiento que muchos ciudadanos han realizado desde las ciudades hacía los pueblos durante la situación de confinamiento; con objeto de que la Administración sanitaria, considerando lo anterior, haga una descripción y valoración de los medios humanos y materiales que está empleando para prestar el servicio de salud en el medio rural en las actuales circunstancias.
Por último, otra de las actuaciones recientemente promovidas por el Procurador del Común se justifica en las dificultades a que tienen que enfrentarse los estudiantes de los diferentes niveles educativos medios y superiores que, una vez suspendida la actividad educativa presencial, han regresado a sus pueblos, para confinarse en sus casas, desde las que han de continuar su formación y, en su caso, someterse a la evaluación de conocimientos; en muchos casos con escasos medios tecnológicos y, sobre todo, cuando se trata de pequeñas localidades, con el inconveniente que supone carecer de conexión a internet o ser de mala calidad; situaciones sobre las que la Defensoría ha llamado la atención de la Consejería de Educación y de las cuatro Universidades públicas de la Comunidad para que arbitren las soluciones que garanticen el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades de estos alumnos.
