El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca lamenta que la nueva solución planteada por el equipo de gobierno en relación al conflicto urbanístico de El Corte Inglés “no es nada nuevo, ni mucho menos definitiva, ni aclara ninguna de las dudas que se han planteado con anterioridad al respecto”.
“La solución planteada por el señor Mañueco, además de realizarse con un retraso considerable, poniendo en peligro el cumplimiento de los plazos establecidos en la moratoria concedida por la Junta de Castilla y León para conseguir una resolución definitiva, sigue siendo una mera declaración de intenciones que carece del suficiente rigor técnico y jurídico y que no garantiza que no pueda verse afectada nuevamente por cuestiones de legalidad o ser llevada a los tribuales tanto en su tramitación como en el caso de ser aprobada por la mayoría del Pleno municipal”, argumental el PSOE en un comunicado.
Añade que sin perjuicio de que el documento entregado sea estudiado y analizado con mayor detenimiento y concreción, “se sigue sin concretar aspectos tan importantes y aclaratorios como quién deberá hacerse cargo de los costes y posibles reclamaciones patrimoniales por el cambio de uso de los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa. Quién, cómo y cuándo se llevaran a cabo las posibles construcciones e instalaciones que se pretenden realizar en dichos terrenos. Quién se hará cargo de los costes derivada de tales actuaciones. Y si dicha solución, con la modificación de la calificación urbanística que introduce en dichos terrenos, solventa con total garantía de legalidad la problemática de exceso de edificabilidad de los edificios actualmente existentes en el sector”.
El Grupo Socialista espera por tanto que la solución que se adopte “se ajuste estrictamente a la legalidad y no ofrezca ni genere la más mínima duda de que pueda ser impugnada en los tribunales nuevamente”, que “anteponga los intereses generales de los vecinos y vecinas de Salamanca, sin que implique una merma de recursos públicos ni una pérdida patrimonial en beneficio de una de las partes”, y que “tenga la garantía jurídica para impedir que puedan ponerse en riesgo y peligro el mantenimiento de los puestos de trabajo generados por las actividades que hasta ahora vienen desarrollándose en los espacios existentes en dicho sector”.
