El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca insiste en su exigencia para que el equipo de gobierno del PP obligue a la empresa concesionaria a retirar el recargo del 10% sobre la tarifa establecida que en la actualidad cobra, desde hace ya casi tres años, a los usuarios que pagan el estacionamiento regulado en las calles de la capital, zona azul y verde, mediante la aplicación de telefonía móvil.
El PSOE considera que es “intolerable, injustificado, y algo fuera de toda lógica” que a los ciudadanos que utilizan la aplicación móvil para pagar la ORA se les sigua aplicando un recargo del 10% sobre la tarifa que le corresponde pagar. Añaden que la medida supone “una discriminación y un agravio” en relación a otros usuarios que utilizan las otras modalidades de pago que existen o están reconocidas y que no tiene ese sobrecoste o recargo.
Los concejales socialistas advierten además que el equipo de gobierno municipal del PP podría estar incurriendo en una irregularidad o ilegalidad permitiendo a la empresa adjudicataria este recargo del 10% ya que la ordenanza municipal que regula las tarifas del aparcamiento, tanto en la zona azul como verde, no autoriza o contempla dicho sobrecoste.
De esta forma, el Grupo Municipal Socialista volverá a pedir un informe al Interventor municipal para que explique y aclare la legalidad o no de dicho recargo, algo que ya hizo hace un año y cuya realización el equipo de gobierno del PP impidió, negándose a facilitar dicho informe por parte de la Intervención municipal y sustituyéndolo por otro, muy confuso, firmado por el Oficial Mayor donde ni se explicaba ni se aclaraba nada.
Los socialistas consideran que no debe haber diferencia en las tarifas de la ORA en función de la modalidad que se utilice para el cobro puesto que esta modalidad de pago, a través de la aplicación móvil, fue una mejora ofrecida por la propia empresa encargada del aparcamiento regulado cuando optó a la adjudicación de este servicio por parte del Ayuntamiento, y por tanto, es la empresa la que debe hacerse cargo de los posibles o supuestos costes o gastos de gestión derivados de su puesta en marcha o mantenimiento y no derivarlos en los ciudadanos.
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