Menos profesorado y menos personal en los centros educativos y universidades, más precariedad laboral
Las reducciones de plantillas por efecto de la tasa de reposición, por el aumento de las horas lectivas y de la jornada laboral, por el incremento de la carga académica y por la desaparición de programas,… han supuesto la destrucción drástica de puestos docentes y de personal no docente y un aumento en la precariedad de los mismos. Según los datos del MINHAP entre enero de 2012 y enero de 2016 se han perdido 41.014 no universitarios, 4.643 profesores y 2.470 puestos de PAS en las universidades.
En Castilla y León alrededor 1.500 puesto menos no universitarios y una aumento de su precariedad, del 8 al 25 % (cerca del 30% en Secundaria, en personal docente de servicios educativos y complementarios (PSEC), 41% del personal docente e investigador (PDI) de las universidades, la mayoría del personal investigador tiene contratos temporales y en las plantillas del PAS de las universidades, la temporalidad ha crecido hasta alcanzar el 17%.
Y, ahora que podría subsanarse algo la precariedad, mientras en otras comunidades autónomas se han convocado oposiciones, en Castillas y León no han hecho los deberes con la excusa de que no están aprobados los presupuestos.
Menos apoyos educativos: aumento de ratios, baja atención de la diversidad y menos igualdad
En aplicación del RD-Ley14/2012, se han incrementado las ratios, lo que ha supuesto un retroceso de décadas en el sistema, la atención a la diversidad en el aula se ha visto perjudicada, desapareciendo de los grupos de refuerzo, desdobles, de programas educativos para asegurar la igualdad de oportunidades y para la mejora del rendimiento escolar: Educa 3, Competencia Básicas, Leer para aprender, PROA, Profundización de conocimientos, Contratos-Programas, Programa ARCE, reducción del Plan de disminución de abandono escolar temprano, etcétera.
Más carga horaria y otras medidas laborales que repercuten en una menor atención educativa. Generalización de las 37,5 horas de jornada. Con un incremento de carga lectiva y menos tiempo para, tutorías, departamentos, coordinación, evaluación… En la Universidad se incrementó la carga académica hasta los 32 créditos.
Tampoco se cubren las bajas de menos de 15 días y al profesorado se le ha obligando a impartir docencia en especialidades diferentes a la propia, etcétera.
Menos financiación pública de la educación y más carga para las familias
En el total del Estado: del 4,9% (del PIB’2010) a un 4,1 % en 2015. Siete años de retroceso en presupuestos que nos colocan lejos de la media de la Unión Europea (4,9%) y de la organización de países desarrollados OCDE (5,3%). Para el año 2017 está previsto además que este porcentaje caiga por debajo del 4%. Recortes que afectan fundamentalmente a la enseñanza pública, mientras se sigue manteniendo o incluso ampliando la enseñanza privada concertada.
En Castilla y León se recortó cerca del 20% entre 2009-2013 y en términos de PIB la caída ha sido de cerca de medio punto (4% en 2009 a 3,56 en 2014), por lo que las cargas familiares se han incrementado, por los recortes en las becas y por los precios de las matrículas (CFGS de FP 480 euros y de GM entre 120 y 220 euros, a lo que se unen las prácticas en empresas no remuneradas), nuevas tasas abusivas para la PAU para el acceso a la universidad y en especial en las enseñanzas universitarias en un 32% y en los máster del 75% (las terceras más caras de España), unido a una injusta y restrictiva política de becas, aumentando las desigualdades: miles de alumnos fuera del sistema educativo o dificultando su mantenimiento en él.
Menos formación permanente
Práctica desaparición de los Programas para la formación, reducción de centros de profesores, la disminución de licencias por estudios, de ayudas a la formación…, por lo que la formación docente queda a la voluntariedad individual y a su cargo.
Peores condiciones sociolaborales
Los trabajadores y las trabajadoras han sufrido un grave retroceso en sus derechos laborales, vulnerándose sistemáticamente los acuerdos laborales previos: 5% de cortes, más la congelación, que supone una pérdida de poder adquisitivo que supera en el 15,4% si tenemos en cuenta la evolución del IPC; supresión de las prestaciones económicas por baja de incapacidad temporal, de manera que no se cobra el 100%; supresión o disminución de la concesión de cualquier ayuda en concepto de acción social, de compensaciones económicas al profesorado itinerante, viajes y desplazamientos educativos; el déficit en la reducción de horas lectivas de mayores de 55 años; la reducción de permisos, licencias por estudio; se han incrementado de forma exagerada los niveles de exigencia para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios.
Imposición de la LOMCE
- Se mantiene una ley segregadora que establece itinerarios excluyentes, que selecciona y clasifica al alumnado, incluso antes de finalizar la enseñanza obligatoria.
- Una ley sin financiación suficiente, lo que añade nuevos problemas al sistema educativo.
- Evaluaciones externas y tempranas que llevan a la separación/segregación del alumnado y de los centros sin que se tenga en cuenta la situación socioeconómica de origen o cualquier otra circunstancia personal. La suspensión de las reválidas, ha sido consecuencia de una larga lucha.
- Un procedimiento que abre la puerta a la especialización y clasificación de los centros que llevará necesariamente a la selección del alumnado en función de sus niveles académicos.
- La jerarquización de las direcciones de los centros, dejando al margen de la participación de la comunidad educativa, con repercusiones en la selección del profesorado e, incluso, en la selección del alumnado. Ello con las consecuencias de afectación al derecho de movilidad del profesorado.
- La reducción de la optatividad y en consecuencia de las materias de modalidad en el Bachillerato lo que lleva a un recorte en el profesorado de cerca de 5.000. Igualmente obliga, en el mejor de los casos, a una reubicación del profesorado que afecta a sus condiciones laborales.
- La inestabilidad de las plantillas de los centros, con un alto grado de interinidad e inseguridad laboral, que incide en la calidad educativa.
- Una Formación Profesional básica que da lugar, necesariamente, a una segregación temprana del alumnado para llevarle al mundo laboral con una mínima formación y excluyéndoles de la formación reglada y de las vías de integración, que afecta principalmente a los alumnos con mayores dificultades socioeconómicas. Ello, lleva a la creación de “centros gueto”, con grave incidencia en las condiciones en el desempeño el proceso educativo.
- Recortes significativos en el derecho de participación de la comunidad educativa en los centros, reduciendo competencias de los consejos escolares e incidiendo negativamente en la toma de decisiones.
- Además, la reducción de los presupuestos han afectado gravemente al profesorado y las enseñanzas no regladas, como Música y Danza.
Deterioro del sistema universitario público, encarecimiento y privatización
- El precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más barata costara? 1.620 euros, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta 5 veces más.
- La financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros.
- El recorte en los gastos de personal ha supuesto una disminución de 7.500 empleos públicos.
- Los recortes en la financiación para la investigación han sido de un 24,6%, como media, desde el año 2008.
- El sistema de becas y ayudas al estudio ha sufrido un recorte no sólo en el monto total (más de 3’5 millones de euros menos) sino en la financiación por estudiante.
- Aumento desorbitado de las universidades privadas en los últimos años, pasando de 15 a 32 y con un fuerte impacto en los estudios de máster a precios inasequibles.
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