La vacuna logró frenar la pandemia y poner fin al miedo a un virus que había noqueado a todos los países del mundo, y que comenzó a dejar respirar a la población en 2022. Se logró gripalizarlo y, siempre bajo su sombra, volvió prácticamente la normalidad al sistema sanitario, un sistema dolido, con las heridas abiertas y graves secuelas que agudizaron sus males endémicos.
Castilla y León volvió a cerrar un año sin antídoto para salvar la joya de la corona, envida y modelo para infinidad de países. No logró salir de la uvi donde la ingresó la pandemia: listas de espera inasumibles; falta de médicos en 18 especialidades mientras Castilla y León y España seguían siendo fábrica de médicos para media Europa; profesionales agotados, tensiones financieras, una Atención Primaria abierta en canal y, al compás, población más envejecida, dispersa en el territorio, crecimiento de la cronicidad, nuevos medicamentos y tratamientos mucho más costosos, tecnología más cara…
Lo cierto es que se conoció una inyección de más de 55,5 millones para renovar la obsolescencia del parque tecnológico de los centros, gracias a los fondos europeos de reconstrucción, los Next Generation, con 38,2 millones, así como una partida de 17,3 por parte de la Junta, que supusieron un empuje para renovar aparatos, mejorar los sistemas de información y avanzar en proyectos de telemedicina avanzada y la nueva medicina, para un modelo con 40 años de vida que, para muchos, está agotado y precisa de una vuelta, un replanteamiento, para responder a la demanda de usuarios y profesionales.
El año 2022 podría haber sido el del pacto autonómico de la mano de un nuevo Gobierno PP-Vox y de un consejero, Alejandro Vázquez, quien asumió el cargo con el cese de la consejera Verónica Casado y fue reelegido tras los comicios autonómicos. Se retó y retó a ello a todos los agentes implicados en sede Parlamentaria. Podría haber sido el año del cambio y de la revolución del sistema, pero el Gobierno y el principal partido de la oposición no llegaron a sentarse para poner las bases de un modelo, pese a coincidir en que ya no vale más de lo mismo, que en sanidad el ‘no hacer’ sólo sirve para acciones médicas sin eficacia; que el ‘si no es necesario, puede hacer daño’, pero si es necesario y no se hace, también.
El año se estrenó en plena sexta ola de contagios con el mayor número de infectados por Covid-19 desde que comenzaron los registros por la celeridad y contagiosidad de la variante Ómicron que rompió los esquemas en medio mundo. Por poner un ejemplo, la provincia de Valladolid llegó a sumar en sólo un mes más del 25 por ciento de todos los positivos que se habían comunicado hasta el momento. Entre el 1 de diciembre y el día 30, la provincia notificó 24.269 nuevos positivos, más del total de casos de los siete meses anteriores.
La Primaria contra las cuerdas
Esta situación de coinfección con la gripe saturó aún más la Atención Primaria, que ya estaba ahíta, y que no se era inmune al virus. El 5 de enero, 1.500 sanitarios estaban de baja por el coronavirus, más de 500 enfermeras y cerca de 270 médicos. El panorama no era nada alentador, con cerca de una cuarta parte de los médicos que necesitaba apoyo psicológico tras los dos años de la pandemia.
Para acelerar la vacunación, la Junta reforzó con 22 puntos móviles los vacunódromos, y contrató 12 unidades para realizar test de antígenos que aliviaran la tensión del primer nivel, unidades a cargo de técnicos sanitarios porque no había enfermeros, algo que se convirtió en polémica. Pese a la escalada del virus, la Junta decidió no tomar nuevas medidas de restricción.
Mientras tanto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad aprobaba recortar la cuarentena a siete días, siempre que el paciente llevara al menos tres días asintomáticos. Ya no será necesario hacer una prueba final, salvo a trabajadores sanitarios o sociosanitarios.
La presión asistencial en Atención Primaria fue tal, que la Consejería de Sanidad aprobó una orden, con vigencia de dos meses, para que los profesionales pudieran trabajar por las tardes de forma voluntaria. Se sumaron más de 520, 251 médicos y 196 enfermeros en activo y 68 médicos y seis enfermeras jubilados. La medida continuó siendo necesaria, pese a los coletazos que daba el Covid-19, y en julio que volvió a aprobar una orden en el mismo sentido, ante el contagio del personal y la dificultad para encontrar sustitutos para cubrir bajas, permisos y vacaciones. Después, se decidió que estuviera en vigor hasta finales de año.
El 8 de enero, más de uno de cada cinco castellanos y leoneses ya se había contagiado desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, 506.978 personas. El sistema no llegaba a testar a la población, y el Gobierno fijó el precio máximo de venta de los test de autodiagnóstico en 2,94 euros, para que toda la población tuviera acceso.
A mediados de mes, la incidencia acumulada de coronavirus registró su primer descenso desde el inicio de la sexta ola. Castilla y León había alcanzado el pico, con un descenso consolidado. Poco a poco, regresaba la normalidad. El 10 de febrero las mascarillas dejaron de ser obligatorias al aire libre. Seis días después, se aprobó que los aforos regresaran al 100% en los estadios a partir de marzo.
También, se acordó que los adultos contagiados por Covid-19, con dos dosis de vacuna, tendrían que esperar cinco meses para recibir la tercera. Los menores de entre cinco y once años que se infectaran antes de haberse inmunizado solo recibirían una dosis a partir de las ocho semanas. Se aprobó cuarta dosis para personas inmunodeprimidas cinco meses después de la tercera.
La gripalización del Covid
En algunos ámbitos comenzaba a hablarse ya de la gripalización del virus. De hecho, el 1 de febrero Dinamarca convirtió al virus en historia. El país nórdico fue el primero en dar carpetazo a la pandemia y en volver a la época precovid.
Mientras, el 20 de febrero, estalló la guerra en Ucrania, y Castilla y León comenzó a recibir y a prestar atención sanitaria a quienes huían de las bombas. Las facultades y los hospitales abrieron también sus puertas para formar y ofrecer trabajo a los futuros médicos y a los profesionales que llegaron a la Comunidad.
En España, el 2 de marzo, el Ministerio de Sanidad anunció que dejaría de publicar diariamente los datos de incidencia, vacunados y contagiados gracias a la buena evolución de la sexta ola de la pandemia. No en vano, las tasas de ocupación de las unidades de críticos con pacientes Covid-19 bajaba en los hospitales, en el caso de la Comunidad hasta el 4,8 por ciento. La incidencia a 14 días entre personas de más de 60 años se situaba en 450 casos. El 14 de marzo, Castilla y León se sumó a la nueva estrategia de vigilancia del Covid-19, que se centraría en controlar la incidencia del virus en las personas más vulnerables de forma específica.
Todos los países iban relajándose frente a la pandemia. Reino Unido eliminó las restricciones en los viajes, mientras que en Francia la mascarilla era historia. Aparecía una nueva variante, la Deltacrón, una nueva cepa que combinaba genes de la Delta y la Ómicron.
En España, se dijo adiós a la mascarilla en interiores el 20 de abril, con la obligación, aún vigente, en el interior de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en el transporte. Se aceptaba cierto nivel de transmisión entre la población vacunada, joven y sana para pasar a centrarse solo en las personas más vulnerables.
En julio, llegaba la ola silenciosa. Los casos de Covid-19 se dispararon en la Comunidad con 7.599 nuevos contagios, pero la letalidad era muy inferior. Dos meses después, en septiembre, la incidencia estaba en “mínimos históricos”.
El día 26 de ese mes comenzó a administración de la cuarta dosis de la vacuna frente a la Covid-19-19. Entre las personas institucionalizadas en las residencias de personas mayores y otros centros y los mayores de 60 se hizo coincidir con la vacuna antigripal.
Para sorpresa de muchos, la Junta acordó que el 30 de septiembre se podría volver a fumar en las terrazas de establecimientos hosteleros. Mientras Cataluña, hacía lo contrario, preparaba una ley para prohibirlo de forma definitiva aprovechando el tirón de la pandemia.
La sanidad rural
Más allá del virus, otros problemas se acentuaban en la Comunidad. La sanidad rural seguía enflaqueciendo, nadie lo negaba. El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, anunció su intención de blindar por ley los servicios sanitarios en los pueblos de la comunidad autónoma, y descartó cualquier plan Aliste si volvía a presidir el Gobierno autonómico.
El propio consejero de Sanidad, que prefería no hablar de planes de reforma, reconoció en varias ocasiones la necesidad de organizar la asistencia por zonas básicas de salud, eso sí, con todos los consultorios abiertos y cumpliendo la orden de frecuentación. Esta organización implicó trasladar del consultorio al centro de salud de referencia a algunos pacientes ante la falta de profesionales, para los que no había sustitutos. Afectó a zonas de Segovia, Palencia y Zamora, en especial, durante los meses de verano.
Las dramáticas listas de espera heredadas de 2020 y 2021, con una demora de 144 días, llevó a la aprobación de un plan de choque para reducirlas en 21 días en seis meses. En mayo, la Consejería puso encima de la mesa cinco millones para abrir los quirófanos por las tardes, para lo que recurrió a las ‘peonadas’ o horas extraordinarias fuera de la jornada habitual, que se ofrecieron de forma voluntaria al personal de medicina y enfermería. La medida se extendió hasta fin de año.
Déficit profesionales
La sombra del déficit de médicos, en especial de Familia, siguió siendo alargada, hasta el punto de que llega ya a la Enfermería, con bolsas para sustituciones agotadas, y con una falta de unas 200 sólo en Atención Primaria. Y todo, sin aspirar a rozar las cifras que manejan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un ratio de 8,4 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a las 5,5 que existen en España.
La tormenta perfecta que se avecina obligaba a tomar medidas, de carácter nacional y autonómico, que no acabaron de arrancar. En mayo se conoció que el 28 por ciento de las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria quedó sin cubrir en Castilla y León: 45 de las 161 ofertadas no encontraban residente, y el programa de fidelización de interinos, con 314 contratos sobre la mesa, tampoco obtuvo los frutos esperados.
De hecho, el consejero de Sanidad pidió a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que eliminara la nota de corte para acceder a las plazas MIR y garantizar el cumplimiento total del cupo de aspirantes extracomunitarios. Era una de las propuestas del frente común de gobiernos autonómicos del PP, junto al del País Vasco, que pusieron sobre la mesa de la ministra seis medidas urgentes para resolver el déficit de especialistas en esta especialidad. “Hay que abordarlo de manera inmediata desde el diálogo y el consenso”, argumentaron.
Entre estas medidas figuraban garantizar que el sistema de elección MIR no deje plazas desiertas como ocurrió este año, y que se cree ya la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, para evitar desviaciones de médicos de Familia. También, ampliar el número de plazas de formación especializada en Medicina Familiar y Comunitaria para afrontar el relevo generacional, y reformar el sistema de acreditación y el programa formativo de esta especialidad para después hacer una convocatoria extraordinaria de plazas.
Además, plantearon la creación de un registro estatal de profesionales sanitarios que pueda servir para orientar las necesidades de formación y evitar así los déficit en determinadas especialidades, y poner en marcha medidas para que los médicos de Familia tengan tiempo para recobrar su papel esencial como eje vertebrador de la atención integral de los ciudadanos.
En diciembre, Darias, anunciaba la jubilación activa a los médicos generales y pediatras de Atención Primaria, una medida excepcional y con una duración de tres años para abordar la insuficiencia de profesionales sanitarios generales y de pediatría en Atención Primaria.
Por su parte, el consejero Vázquez comprometió para esta legislatura una reorganización de la Atención Primaria y de recursos humanos para potenciar y mantener la asistencia rural que aún no ha visto la luz; ligada a un plan de Ordenación de Recursos Humanos que oriente toda la actuación de Sacyl en materia de personal. También se estudian medidas económicas, de carrera profesional y de conciliación de la vida laboral y familiar para atraer profesionales a la Sanidad rural de la Comunidad.
En materia de formación, se conoció que el Complejo Asistencial de Soria se unirá a la red de hospitales universitarios de la Comunidad, compuesta por los dos de Valladolid y los de Palencia, León, Burgos y Salamanca. La distinción permitirá que los alumnos de Medicina, Enfermería y Fisioterapia puedan hacer el curso de pregrado y completar su formación en este centro.
Salud Pública
Si algo dejó patente la pandemia fue el trabajo y la necesidad de reforzar la Salud Pública. De hecho, saltaron algunas alertas que, en un primer momento, provocaron retrotaerse a los inicios de la pandemia: el ‘monkeypox' , la viruela del mono, para la que llegó una vacuna para personas con alto riesgo de gravedad o de exposición, y los casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños fueron dos claros ejemplos.
También, la intensa, extraordinaria y extensa ola de calor del mes de junio. Las temperaturas extremas que dispararon el mercurio por encima de los 40 grados en muchos puntos de la Comunidad, provocaron que entre el 12 y el 18 de junio fallecieran por los efectos de las temperaturas unas 75 personas.
En noviembre, con cierta premura respecto a otros años, llegaron los casos de bronquitis y bronquiolitis, y los casos de gripe, tras dos años casi desparecidos por el uso de la mascarilla.
Nuevas leyes y estrategias
En el primer año de aplicación de la ley que regula la muerte asistida, Sacyl practicó cinco eutanasias, de las 180 registradas en España. Además, contabilizó un total de 664 profesionales sanitarios objetores para practicar esta nueva prestación del Sistema Nacional de Salud.
El país, también dio un paso de gigante con la aprobación del proyecto de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya en el Senado, que pondrá fin a la exigencia del consentimiento paterno en menores de 16 y 17 años. Entre otras novedades, pretende incluir las bajas laborales por reglas dolorosas.
En abril, el Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas alumbraron la Estrategia en Salud Cardiovascular con el objetivo de conseguir un cambio en la salud cardiovascular de la población y promover la adopción de hábitos de vida saludables.
También, vio la luz el Plan de Acción de Salud Mental, dotado con 100 millones de euros, que ahora tienen que desarrollar las autonomías. Del mismo modo, la obesidad infantil se convirtió en un “problema de Estado” y se aprobó el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, para reducirla un 25% en los próximos ocho años, en 2030.
Para el desarrollo del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 Castilla y León recibió más de 10,1 millones de euros del Gobierno, para aumentar la capacidad de resolución del primer nivel.
Además, se conoció la intención de la Consejería de Sanidad de actualizar la Estrategia de Atención al Paciente Crónico y Pluripatológico, aprobada en 2013, y de contar con una Estrategia de Salud Mental que pondrá el foco en la infancia y la adolescencia y redoblará esfuerzos para frenar el suicidio y las adiciones. El año dio la bienvenida a un nuevo Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026.
Infraestructuras
En 2022, avanzaron las unidades de radioterapia. Se dieron pasos en Soria, en el Bierzo, y en Ávila, donde se conoció que contará con un hospital de día oncológico junto a la unidad de radioterapia con una inversión de 1,3 millones. El Hospital Nuestra Señora de Sonsoles estrenó también helipuerto.
La ampliación del Hospital de Segovia comenzaba a convertirse en realidad. El Consejo de Gobierno dio luz vede al Plan Regional para la ampliación del Complejo Asistencial y Educativo de Segovia, y que establece las determinaciones urbanísticas necesarias para la construcción de un gran complejo sanitario en la capital segoviana en el que se integrará una nueva escuela de Enfermería, con una inversión total de 54,6 millones de euros.
Por otro lado, la Junta autorizó hoy la celebración del contrato, por tramitación anticipada y un importe de 118,06 millones de euros, distribuidos en cinco anualidades, para la ejecución de las obras de construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero (Burgos), un compromiso incluido en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025.
La nueva infraestructura sustituirá al actual Hospital Santos Reyes, que tiene una población de referencia estimada en torno a 65.000 habitantes, correspondiente a 114 localidades de Burgos, Segovia y Soria.
Del mismo modo, se autorizó por un importe global de 85 millones de euros y tramitación anticipada, la licitación del contrato para terminar de construir la fase I -bloque técnico- de las obras del Hospital Río Carrión de Palencia, que tendrán un plazo de 30 meses para su ejecución desde el momento de su adjudicación.
También, se aprobó un nuevo contrato de transporte sanitario para los próximos seis años, con una dotación de 736 millones, un incremento presupuestario del 87,52 por ciento. Además, comenzaron a rodar las primeras ambulancias de emergencias en manos de enfermeros llegan a Cuéllar y Boceguillas (Segovia), Fermoselle (Zamora), Guardo (Palencia) y Vitigudino (Salamanca), con el objetivo de rebajar los tiempos de respuesta a menos de 30 minutos, mejorar el acceso y una actuación asistencial precoz.
En junio, la Junta defendió la candidatura de Salamanca como sede del Centro Nacional de Neurotecnología, que definitivamente se instalará en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. También, propuso a Salamanca como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, algo que también demandó León.
En Salamanca se dieron los primeros pasos para la fábrica “más moderna de Europa” en medicina nuclear que estará en Castellanos de Moriscos, de la mano de la Junta y de Novartis. La nueva planta de la compañía estará operativa en 24 meses tras una inversión de 12,9 millones de euros y tendrá capacidad para manufacturar unas 30.000 dosis anuales.
Se conoció que Valladolid contará con un instituto propio de investigación biomédica similar al IBSAL de Salamanca para aprovechar todo su “potencial” y con el último objetivo de aplicar su conocimiento a la práctica clínica. Nacerá de la mano de un convenio entre la Universidad de Valladolid, sus dos áreas de Salud de Atención Primaria, la Este y Oeste, y sus tres hospitales: el Clínico Universitario, el Hospital Universitario Río Hortega y el Hospital de Medina de Campo.
También, se asistió al primer trasplante del mundo de intestino en asistolia, a una bebé de tres meses de Segovia. Se realizó en el Hospital La Paz de Madrid.
Nombramientos y dimisiones
Tras las elecciones, con el nuevo Gobierno de coalición PP-Vox, la Consejería de Sanidad, en mano de los ‘populares’, creó la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, dirigida por Jesús García-Cruces, para coordinar el trabajo de Sacyl con el resto de la Consejería de Sanidad.
En materia de personal, llegado octubre, dimitió por motivos personales el director general de Asistencia Sanitaria y Humanización Sacyl, Francisco Javier Vadillo. Le sustituyó Silvia Fernández Calderón, que ejercía como médico de Urgencias en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, desde 2015.
A lo largo del año, se sucedieron hasta 30 dimisiones de altos cargos, entre ellas la del cese, a petición propia, como técnico superior de la Dirección de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Ignacio Rosell secretario del Comité de Expertos de Castilla y León durante la pandemia.
