La Junta de Castilla y León, en el marco de la sostenibilidad y la movilidad, ha puesto en marcha una conjunto de medidas de apoyo al vehículo propulsado con energías alternativas a los combustibles fósiles tradicionales, que incluyen subvenciones y deducciones fiscales, tanto para personas físicas como para empresas y autónomos y que son compatibles entre sí. Castilla y León es pionera en mantener ambos incentivos y hacerlos compatibles.
En cuanto a incentivos fiscales, la Junta aplica una deducción autonómica en el IRPF por compra de vehículos alternativos nuevos, no destinados a actividades profesionales o empresariales, del 15% de las cantidades destinadas a la adquisición, con un límite de 4.000 euros, y con efectos desde el 1 de enero de 2019.
Las subvenciones convocadas por la Consejería de Economía y Hacienda, dentro del Plan Moves, tienen un presupuesto de 2,34 millones de euros, se conceden por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos y tienen carácter incentivador, es decir, que podrán solicitarse para vehículos o infraestructuras de recarga adquiridos después del inicio del plazo para presentar las solicitudes que marca la convocatoria, que es el 31 de mayo de 2019 (Bocyl del 16 de abril de 2019).
De estas subvenciones se podrán beneficiar profesionales autónomos, personas físicas mayores de edad, comunidades de propietarios, empresas, asociaciones y sector público. En el caso de las empresas y otras personas jurídicas, deberán estar establecidas en Castilla y León y en el caso de las personas físicas, deberán estar empadronadas en algún municipio de la Comunidad.
Las cuantías de las subvenciones vienen determinadas en función del sistema de propulsión, la categoría, la autonomía y el precio del vehículo o infraestructura. La máxima subvención que se puede obtener es de 5.500 euros para eléctricos puros, híbridos-eléctricos enchufables, eléctricos de autonomía extendida y vehículos de pila de combustible con autonomía mayor o igual de 72 km y límite máximo de precio de 40.000 euros.
Respecto a las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, se establece un límite de ayudas de 100.000 euros por destinatario último y convocatoria. La ayuda será de un 30% del coste subvencionable para empresas privadas y del 40% para personas físicas, comunidades de propietarios y entidades públicas sin actividad mercantil o comercial.
Además, también se subvenciona la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas con un límite de 100.000 euros por destinatario último. Esta ayuda será también de un 30% del coste subvencionable.
La Junta de Castilla y León, a través de la Estrategia de Eficiencia Energética 2020 que impulsa el Ente Regional de la Energía (EREN), está realizando un esfuerzo importante en el uso de vehículos propulsados por energías alternativas dentro de la propia Administración Autonómica. De esta forma, se han incorporado ya 23 vehículos eléctricos y se llegará a 100 en 2020. Además, se está desarrollando un rede de recarga en los edificios públicos de la Junta en la que ya hay instalados 80 puntos de recarga en 55 espacios administrativos y se pretende llegar a un total de 252.
Proyecto Prometeus
El evento de difusión de la movilidad eléctrica en el marco del Proyecto Prometeus que se ha celebrado esta mañana en la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca, pretende compartir experiencias y conocimientos entre los participantes en materia de movilidad alternativa a las energías convencionales, con el fin de avanzar hacia una movilidad más sostenible.
El proyecto está liderado por el Ministerio de Transporte de Malta, siendo socios el Gobierno Regional de Carinthia (Austria), la Dirección General de Industria y Competitividad de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (España), la Dirección General de Planeamiento Urbanístico y Movilidad de Lazio (Italia) y el Departamento de Innovación de Presov (Eslovaquia). Forma también parte del consorcio, como socio asesor, el Politécnico de Milán. La Dirección General de Industria y Competitividad participa con 213.495 euros, siendo la duración del proyecto desde 2017 hasta 2021.
