El pleno de las Cortes de Castilla y León respaldó, por unanimidad, el Decreto Ley publicado el pasado 11 de junio en el Bocyl por el que la Junta suspende las autorizaciones para la instalación de salones de juego y casas de apuestas durante los dos próximos años o hasta que entre en vigor la nueva Ley del Juego, que sustituirá a la Ley 4/1998 Reguladora del Juego y de las Apuestas en Castilla y León.
Defendió el Real Decreto ante las Cortes el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, pidiendo la confianza de la Cámara autonómica para aprobar un “paréntesis temporal” en la apertura de salas de juego “hasta la modificación de la Ley”, que se articula bajo los ejes de defender “la protección de los consumidores, el juego responsable, la lucha contra el fraude y la seguridad jurídica de este sector económico y empresarial”.
Para la elaboración de la Ley, recordó Ibáñez que hace algo más de un año se constituyó la Mesa del Juego Responsable de Castilla y León, donde “se ven representados todos los actores principales del sector” en la comunidad, y cuyo objetivo es “proteger a los jóvenes, menores y colectivos vulnerables, poner en valor las 450 empresas que dan empleo directo a más de 2.000 familias, y combatir el juego problemático desde la perspectiva que, para la mayoría de las personas, el juego es una forma saludable de emplear su tiempo libre”.
A ese paso se unió hoy la apertura de la consulta pública, como primer trámite para la elaboración de la nueva Ley del Juego, de cara a que “los sectores más representativos y cualquier persona pueda hacer aportaciones” hasta el 8 de julio para “recabar todas aquellas propuestas más enriquecedoras para la futura Ley” que, aseguró Ibáñez, “nacerá del diálogo y buscará el consenso” con el doble objetivo de “proteger a las personas más vulnerables y otorgar seguridad jurídica a un sector que genera empleo en Castilla y León”.
En la misma línea que el consejero se pronunció la procuradora popular Leticia García Sánchez, que defendió la necesidad de la nueva Ley ante una actividad “en clara expansión” y que debe mantener su “ejercicio legítimo” con una normativa que a la vez “proteja a las personas vulnerables y a los menores”, dentro de una comunidad que García Sánchez consideró “de las más proteccionistas” y que por ello ahora suspende las autorizaciones de apertura “para evitar la especulación y el gran número de solicitudes que puede haber ante la próxima aprobación de la futura Ley”.
Una Ley que, además, aseveró que contará “con el sector y con los afectados” por el juego, frente al Ministerio “de la marcha atrás”, como definió a Consumo, a cuyo titular, Alberto Garzón, pidió “abordar el juego online, que es el verdaderamente peligroso”.
También se mostró partidario del Real Decreto el procurador de Ciudadanos, Francisco Javier Panizo, que aseguró su total apoyo al texto “por responsabilidad y sentido común”, al servir para “proteger a los menores de edad y a los consumidores” ante el aumento “desmedido” de las salas de juego y de la adicción al mismo.
Sector “privilegiado” en los últimos años
Por el contrario, y aunque apoyaron la medida de la Junta, mostraron más reticencias la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, y el representante del PSOE, Luis Ángel Fernández Bayón. En el primer caso por ser la ludopatía “una situación creciente que acaba con la economía de muchas familias” y que necesita una Ley que es “urgente” pero que lleva “cinco o seis años desde que se empezó a hablar de ella y que tendría que estar ya en las Cortes tramitándose”.
“La podían haber tramitado cuando el PSOE trajo su proyecto de Ley y dijeron que no, cuando la podían haber enmendado”, sostuvo Domínguez, para la que, mientras tanto, “el sector del juego no ha hecho más que ganar privilegios, con decretos plagados de bonificaciones fiscales, un descontrol de la publicidad del sector y con nuevas autorizaciones por las que, en cuatro años, Castilla y León ha pasado de tener 50 a 142 locales autorizados de juego”.
Por su parte, Fernández Bayón criticó al Gobierno autonómico por llevar a las Cortes un texto que “no tomaron en consideración” cuando lo presentó el PSOE dentro de su proyecto de Ley, votando desde el Grupo Parlamentario Popular entonces en contra “sustentando su argumentación en que esta limitación era una medida negativa para la actividad económica de la comunidad”.
“Parece que sus palabras se le han hecho bola”, afirmó Fernández Bayón, criticando que “las cosas cambien cuando se trae desde la oposición o desde el Gobierno” y esperando que la Junta no quiera “legislar para sus amigos de las grandes empresas del juego, para que ahora que ya están implantados, no tengan más competencia”. En cualquier caso, el procurador socialista celebró “que hayan cambiado de opinión, les muevan los intereses que les muevan”.
