La Junta ha recibido 27.809 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) de empresas con centro/s de trabajo en Castilla y León desde el lunes 16 de marzo hasta las 14 horas de este jueves, día 2 de abril, en el contexto de la crisis del coronavirus COVID-19. Estos expedientes afectan a un número potencial de 154.508 trabajadores en la Comunidad.
A continuación se detalla el cómputo de los ERTEs que constan como presentados a efectos administrativos ante las nueve Oficinas Territoriales de Trabajo (OTT) y la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria:
- Ávila: 1.667 ERTEs y 6.391trabajadores.
- Burgos: 4.198 ERTEs y 29.193 trabajadores.
- León: 5.485 ERTEs y 19.327 trabajadores.
- Palencia: 1.579 ERTEs y 7.241 trabajadores.
- Salamanca: 3.669 ERTEs y 12.255 trabajadores.
- Segovia: 1.882 ERTEs y 8.098 trabajadores.
- Soria: 1.069 ERTEs y 5.767 trabajadores.
- Valladolid: 6.046 ERTEs y 26.330 trabajadores.
- Zamora: 1.782 ERTEs y 6.157 trabajadores.
Conforme a la normativa vigente, la autoridad laboral competente para tramitar estos expedientes de regulación es:
- Las OTT de Castilla y León, cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en una provincia.
- La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, en tres supuestos: cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de Castilla y León; y finalmente cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 % de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.
- El Ministerio con competencias en el ámbito laboral, cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades.
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