La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente Municio, además de tener fama de derrochona, ser acusada de nepotismo y estar implicada en favorecer con dinero público a la empresa de su pareja sentimental, también se vio salpicada por firmar contratos con dos empresas de la ‘Operación Púnica’ que investiga una amplia trama de corrupción.
Según publicó ‘Periodista Digital’, cuando era consejera de Agricultura y Ganaderia su departamento pagó 5,7 millones de euros a dos de las 165 empresas investigadas por la Audiencia Nacional, como así consta en el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL). Se trata de Cofely España y Cofely Contracting, por procedimiento negociado sin publicidad en un primer momento y luego por libre acceso, algo considerado como atípico.
Por ejemplo, “se adjudicó el servicio de asistencia técnica a esta empresa por 69.600 euros por procedimiento negociado sin publicidad, posteriormente, al ampliarse el contrato por incluir nuevos centros, en 2010 se adjudicó por libre acceso y por dos años a Cofely el mismo servicio por un valor de 79.000 euros. Estos contratos se repitieron por el mismo procedimiento en 2012 y 2013 con cuantías de 47.757 euros y 44.376 euros. En las últimas tres adjudicaciones sólo optó Cofely para gestionar el servicio”.
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