El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la modificación de la concesión directa de subvenciones a la Entidades Locales incluidas en el Acuerdo Marco de cofinanciación de los equipos de acción social básica y programas de servicios sociales.
Con esta adenda, que supone un incremento de algo más de un 3% con respecto al total de la anualidad 2019, hasta alcanzar los 115.374.955,64 euros, se pretende dar garantías de financiación y estabilidad en el empleo, a los más de 1.200 profesionales que trabajan en los Servicios Sociales de Castilla y León.
A través del Acuerdo Marco se presta servicio a 160.000 usuarios y sirve para financiar los servicios que se ofrecen desde los CEAS, que cuentan con 844 trabajadores, y los que llevan a cabo los equipos de segundo nivel, en los que trabajan otras 388 personas, lo que supone que el personal financiado por la Junta a través de este acuerdo es de 1.226 trabajadores.
A pesar de la prórroga de presupuestos, las 24 entidades locales con competencias en Servicios Sociales, que son las que tienen más de 20.000 habitantes, dispondrán este año de 3.620.428,90 euros más, que se suman a los 112 ya aprobados, destinados básicamente a tres de los 25 programas de que consta el Acuerdo Marco: la financiación de los equipos de acción social básica, que dispondrán 1.376.126,71 euros, un 5% del total destinado a ese programa en 2019; al servicio de Ayuda a Domicilio, que recibirá 2 millones (un 3,5% más) y al servicio de atención en centros residenciales y Centros de Día para personas mayores en situación de dependencia, 244.302,19 euros (un 11% más).
El Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales es el instrumento de colaboración y coordinación entre la Junta y las Corporaciones locales, para la financiación de las prestaciones sociales que han de llevarse a cabo por las mencionadas Entidades Locales. Es un instrumento que, además de dotarlas de financiación, garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención a las personas más vulnerables de Castilla y León, aprovechando la proximidad de los profesionales a los usuarios, evitando de esta forma, duplicidades e ineficiencias.
Además, este modelo de organización y de financiación garantiza, por un lado, la continuidad de los profesionales y de las prestaciones que con él se financian, el intercambio de información entre ambas administraciones, el trabajo en equipo y apoyo técnico entre los profesionales y la homogenización de criterios, protocolos, documentación, etc., en toda la Comunidad Autónoma.
Objetivos del Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales
El Acuerdo Marco está destinado a financiar tres grandes áreas como son: el personal de los Equipos de Acción Social, la atención a situaciones de Dependencia y el funcionamiento y prestaciones de la Red de Protección a las Familias y personas.
Los Equipos de Acción Social Básica constituyen la unidad básica de articulación funcional del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. Prestan sus servicios en el Centro de Acción Social (CEAS) cuyo ámbito territorial se corresponde con la Zona de Acción Social y depende directamente de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o de las diputaciones, que prestan servicio a los municipios de menor población en el ámbito rural. En la actualidad, existe al menos un CEAS por cada Zona de Acción Social, 189 en toda la Comunidad Autónoma, y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financia a través del Acuerdo Marco la contratación de 844 profesionales.
Estos profesionales constituyen la puerta de entrada a los Servicios Sociales. Se encargan de prestar información, orientación y asesoramiento a todos los ciudadanos que lo soliciten sobre los recursos del sistema. Realizan, además, la detección, diagnóstico y evaluación de la situación de necesidad de cada caso, y elaboran un plan individualizado de atención de cada usuario así como un seguimiento de los casos. Junto a esto, desarrollarán acciones preventivas y de promoción de la convivencia e integración familiar y social, además de acciones de envejecimiento activo y prevención de dependencia. Darán prioridad al acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía y la valoración y seguimiento de las situaciones de Dependencia.
Dentro de la Atención a las situaciones de Dependencia, se financian servicios tan importantes para las personas dependientes como el de ayuda a domicilio, en la que trabajan 5.456 profesionales y que a 31 de diciembre de 2018 habían sido atendidos casi 30.000 usuarios, con más de 5,1 millones de horas de atención. Además se financia la teleasistencia, servicios para las personas mayores, para las personas con discapacidad, formación para cuidadores no profesionales, el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP) y los programas de envejecimiento activo y prevención de la Dependencia de personas mayores.
Asimismo, dentro de la Red de Protección a las Familias y personas, se financian una serie de programas cuyo objetivo final es la protección a las familias y personas en riesgo de exclusión social, entre los que se encuentran: el servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, la prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria, ayuda económica de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, el servicio de apoyo preventivo a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo, el servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia, el de actuaciones preventivas para familias con hijos menores en situación de riesgo y los programas de intervención en drogodependencias.
