Las pensiones continúan siendo un tema candente, incluso después del anuncio del Gobierno de la subida de las mínimas y de viudedad. Después de la amplia movilización del pasado 17 de marzo en la que más de 2.000 personas salieron a las calles salmantinas para reivindicar una subida justa de las pensiones, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT preparan una nueva acción de protesta simultánea en las principales ciudades españolas.
En esta ocasión, la cita está prevista para el domingo 15 de abril a las 11:30 en la sede de los sindicatos, solo un día antes de la convocada por el grupo de yayo gaitas, que será el día 16 a las 19 horas en la Plaza Mayor. Los sindicatos, por su parte, aseguran que se trata de una “reivindicación abierta” a la que se pueden unir partidos, asociaciones y organizaciones.
El secretario provincial de Comisiones Obreras, Emilio Pérez, explicaba que hay una diferencia de más de 12 millones de euros entre lo que se recauda por las cotizaciones del trabajo (más de 56 millones) y lo que suponen las pensiones (más de 68 millones). Por ello, considera necesario “establecer un nuevo marco que cambie la situación laboral”. Proponen reducir los impuestos a las clases bajas, así como asegurar “que los salarios dejen de ser ridículos e insuficientes”. En definitiva, “no hablar solo de los presupuestos, sino también de qué modelo de país queremos y de tener cotizaciones suficientes para mantener el sistema de pensiones”.
Su homónimo de UGT, José Luis Hernández, hablaba de la “falsedad” de la subida de las pensiones mínimas y de viudedad que contemplan los Presupuestos Generales del Estado. Aseguraba que al tener una gran parte de ellas complementos para llegar a la pensión mínima, los pensionistas no van a notar esa subida. Además, la ampliación para pagar el IRFP de los 12.000 a los 14.000 euros solo va a repercutir positivamente en aquellos que cobren una pensión de más de 1.200 euros, cifra muy alejada de los 854 euros que cobra un pensionista de media en Salamanca. Asimismo, denunciaba la reforma laboral, que “pone en serio riesgo a los jóvenes para que en su día puedan cobrar sus pensiones”.
