Los sindicatos instan y animan a los empleados públicos de la Junta a secundar el paro de dos horas y media de este viernes por las 35 horas

Recuerdan, en un comunicado dirigido a los empleados públicos, que el pasado 21 de mayo de 2019, la Junta de Castilla y León y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT suscribieron un acuerdo para la implantación de la jornada laboral de 35 horas. Un acuerdo que puede leerse en la página web corporativa de la Junta de Castilla y León

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Las centrales sindicales mayoritarias (CSIF, UGT y CCOO) instan y animan a los todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, a participar en el paro de dos horas y media, convocado para este viernes 25 junto, “a fin de mostrar a la Junta, con firmeza y determinación, nuestro rechazo al incumplimiento del acuerdo firmado el pasado mes de mayo sobre la recuperación de la jornada de 35 horas, y que ahora, el nuevo Gobierno regional quiere retrasar hasta diciembre de 2020.

“Es una burla y un atropello indigno”, aseguran las tres centrales, que piden el apoyo a la concentración que se hará este viernes a las 12:30 horas, ante las delegaciones territoriales de las nueve provincias de la Comunidad.

Recuerdan, en un comunicado dirigido a los empleados públicos, que el pasado 21 de mayo de 2019, la Junta de Castilla y León y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT suscribieron un acuerdo para la implantación de la jornada laboral de 35 horas. Un acuerdo que puede leerse en la página web corporativa de la Junta de Castilla y León.

El acuerdo dice, literalmente, que las dos partes acuerdan “recuperar la jornada laboral de 35 horas volviendo a la situación previa a la entrada en vigor de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. La implantación efectiva de la jornada se realizará a partir del 1 de junio de 2019”.

Sin embargo, lamentan las tres organizaciones sindicales, “nos encontramos, después de varias reuniones, que la Junta nos convocan para, sorpresivamente, informarnos de que las 35 horas no se recuperarán hasta finales de 2020. Una propuesta inadmisible, y una burla a los más de 85.000 empleados públicos de la Junta”.

“¿Cómo va alguien a creer y confiar en quien no respeta su propia firma?”, se preguntan las organizaciones sindicales. “Nuestra dignidad como empleados públicos, y como trabajadoras de la Junta, está en juego y depende de nuestra respuesta”, insisten los sindicatos.

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