La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León tiene activo en las nueve provincias el ‘Sistema Único de Información Compartida’, que era uno de los grandes objetivos fijados en la implantación del modelo integral desde que se aprobaran sus directrices en septiembre de 2015.En concreto, supone un importante paso para reforzar la coordinación de actuaciones con el fin de garantizar la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género y de las personas que dependan de ellas, mejorar la eficacia de la respuesta institucional y la optimización de los recursos de los ámbitos judicial y social.
De esta forma, todos los procedimientos y herramientas definidos en el modelo para la atención a víctimas se integran en un sistema de información compartido entre los profesionales que intervienen en la atención a la víctima. Justicia y Fiscalía acceden ya a los informes de valoración de la situación de violencia de género elaborados por los Servicios Sociales, a la historia social de las víctimas y a toda la información sobre recursos, ayudas y prestaciones existentes en Castilla y León y, junto a esto, comparten con los profesionales de los Servicios Sociales las resoluciones judiciales, especialmente la notificación de las órdenes de protección de las víctimas.
En este sistema de información, los profesionales cuentan con dos instrumentos. El primero de ellos es el Informe de violencia de género de la víctima, en el que se contemplan varios procesos. Una vez detectada la situación de violencia de género, se realiza en primer lugar un informe de valoración elaborado por el Coordinador de Caso apoyado, en caso de ser necesario, por los especialistas de los equipos multidisciplinares de segundo nivel.
Su contenido se estructura en diversos apartados, que tratan de reflejar de forma integral toda la información relevante para una completa atención a la víctima: riesgo, situación familiar y jurídica, historia de violencia, información sobre la persona a la que se atribuye el maltrato, factores de protección, tipo de ayuda que acepta, necesidades de apoyo o inserción, proyecto vital y propuesta de intervención.
Una vez elaborado y validado por el Coordinador de Caso, el informe de valoración de la situación de la violencia de género está a disposición de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia con la finalidad de que cuenten con la información social precisa que pueda facilitarles su función en la atención. Recoge todos los aspectos y factores necesarios para realizar una valoración de la situación de violencia de género que está viviendo una víctima.
El segundo instrumento es la Historia social de la mujer, que recoge toda la información relativa a las valoraciones realizadas y a las prestaciones que han sido concedidas a la mujer víctima en su CEAS de referencia, como ayudas económicas, prestaciones y servicios varios en el ámbito de los Servicios Sociales, entre otras. La Historia social está a disposición de jueces y letrados de la Administración de Justicia, así como de los fiscales coordinadores de violencia de género.
Próximas actuaciones
Está previsto coordinar con la Consejería de Sanidad un procedimiento de derivación a los Servicios Sociales de los casos de violencia de género detectados en su ámbito y permitir la conexión automática para el intercambio de la información que sea pertinente. También se contemplan, en este caso en coordinación con la Consejería de Educación, protocolos de actuación para detectar casos de violencia de género entre los estudiantes universitarios y no universitarios, además de trabajar en una estrategia conjunta de educación en igualdad con actuaciones como la revisión del currículo en todas las etapas educativas, formación al profesorado o acciones dirigidas a las AMPAS y familias.
Con las entidades de mujeres del Tercer Sector está previsto establecer un protocolo para la detección, derivación y atención a víctimas de violencia de género realizado por las entidades y establecer los procedimientos necesarios para unificar la información respecto a las víctimas de violencia de género. Junto a esto, se trabajará con la Delegación del Gobierno en Castilla y León y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinar las actuaciones de protección y atención a las víctimas y la coordinación entre las subdelegaciones del Gobierno y las gerencias territoriales de Servicios Sociales.
Además, en el marco del Diálogo Social, se consensuará un protocolo marco de actuación para la prevención y tratamiento de la violencia de género en las empresas y se avanzará en el proyecto de actuación contra la violencia de género que se ha iniciado entre la Junta, los medios de comunicación de la Comunidad, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y las asociaciones de la prensa de cada provincia.
