El impacto económico del coronavirus en las entidades que trabajan con personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) supera los 6,2 millones de euros (6.209.518.56), de los cuales 946. 959 euros corresponden a las entidades de Castilla y León. Es el dato que arroja el informe elaborado por la Confederación Autismo España a partir de los datos aportados por 80 entidades de las 140 que forman parte de la Confederación.
El informe cuantifica el gasto extraordinario que han afrontado las organizaciones durante el confinamiento, el gasto al que tendrán que hacer frente hasta final de año con la vuelta a la actividad y la pérdida estimada de ingresos. Estos datos dejan en una situación de extrema vulnerabilidad a entidades y familias de personas con autismo, pues peligra la sostenibilidad de muchos centros y servicios.
Por eso, tras analizar la realidad del colectivo, desde Federación Autismo Castilla y León solicitamos tanto a las autoridades estatales y autonómicas, y en particular a la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, la disposición de fondos extraordinarios finalistas para hacer frente al impacto ocasionado por la crisis sanitaria del COVID-19, tanto en actuaciones de competencia estatal como autonómicas, así como la exigencia como país de dotar a los derechos sociales del rango de derechos fundamentales, y de reconstruir el sistema de financiación del Tercer Sector, mediante fórmulas estables, garantistas, finalistas y suficientes, para asegurar que cumple su función esencial para nuestra sociedad.
Análisis de la crisis por el COVID-19
El estudio realizado entre el 7 y el 20 de mayo, arroja información sobre una muestra de 80 entidades, en base a los siguientes parámetros: gasto sanitario, gasto en limpieza y desinfección, adaptaciones para el teletrabajo, adaptación de espacios y centros de trabajo, adaptación de transportes de usuarios, gasto de personal, otros gastos y previsión de la disminución de ingresos durante 2020.
Su realización era esencial por tres razones:
Valorar de forma objetiva la situación actual en la que se encuentran las entidades sociales que se dedican específicamente a la atención de las personas con TEA y las necesidades que pueden surgir a corto y medio plazo. Disponer de resultados fundamentales para incidir políticamente a nivel estatal y autonómico. Contar con una información imprescindible para analizar el impacto a largo plazo de la COVID-19 en el tejido asociativo representado por Autismo España y diseñar medidas que lo minimicen y favorezcan el desarrollo positivo de crisis futuras similares.Impacto del coronavirus en Castilla y León en cifras
El gasto extraordinario que han tenido que afrontar las entidades que trabajan y prestan servicio a las personas con autismo en Castilla y León durante el confinamiento y hasta el 10 de mayo fue de casi 38.000 euros (37.929,83 ?), siendo los servicios de mayor cuantía, el de limpieza y desinfección, el gasto en personal y el sanitario.
Sin embargo, las entidades calculan que el gasto extraordinario previsto desde el 10 de mayo hasta final de año superará los 390.000 euros (393.795,82 ?). Este incremento responde a la puesta en marcha de centros, y servicios que han tenido que parar su actividad durante el estado de alarma y que necesitan adaptaciones para poder reanudar su funcionamiento. De nuevo los montantes más elevados corresponden al coste del personal, gasto sanitario y limpieza y desinfección.
Así, el gasto total desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus y lo que se prevé hasta final de año supondrá un gasto extraordinario total que supera los 400.000 euros (431.725,65 ?). A estos gastos se suma la disminución de ingresos con la pérdida de financiación pública, privada y de las cuotas de servicios, que superan el medio millón de euros (515.233,00 ?).
La suma de todos estos gastos extraordinarios arroja un impacto total de casi 1 millón de euros (946. 959 ?) entre las 11 entidades que forman el movimiento asociativo de autismo en Castilla y León. Unas cifras que justifican la demanda que Federación Autismo Castilla y León y su red de entidades hacen a las autoridades competentes.
