Más de 200 delegados de Acaip, UGT, CSIF y GIC procedentes de toda España -también del centro penitenciario de Topas- se han concentrado frente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en Madrid para exigir que se reactive la negociación de las mejoras de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores penitenciarios.
Con este acto, se reactiva un proceso de movilizaciones que se alarga más de cuatro años, y que ninguno de los tres gobiernos que ha habido desde entonces ha sido capaz de solucionar.
En julio de 2020 se inició el grupo de trabajo con la participación de la administración penitenciaria y las organizaciones sindicales representativas, con el objetivo de consensuar un texto con rango de Ley que respondiese a las necesidades y objetivos del personal penitenciario, que reconociera las especificidades del colectivo, supusiera una modernización y unificación de una legislación dispersa, a la vez que mejorara las condiciones de trabajo de los empleados públicos penitenciarios.
Tras varios meses de trabajo, la administración presentó un borrador que no alcanza las expectativas que esta negociación había generado entre los trabajadores. Ante el bloqueo, las organizaciones sindicales convocantes se dirigieron al ministro del Interior que, mediante una carta enviada ayer, manifestaba que el texto estaba estudio en el ministerio de Función Pública y Hacienda, sin indicar el estado de este estudio, y sobre todo que el mismo se está realizando sobre un texto que no tiene el consenso de la parte social.
Para Acaip, UGT, CSIF y CIG, es imprescindible que la nueva Ley reconozca aspectos como el reconocimiento de agente autoridad de los trabajadores penitenciarios y el principio de indemnidad de la administración. Asimismo, el texto debe ir acompañado de una memoria económica que recoja la reclasificación de centros penitenciarios y los nuevos puestos generados, estableciendo un marco temporal para la adscripción al grupo B de la administración de los funcionarios de prisiones, y el plazo para generar el nuevo organigrama y funciones, que supongan la modernización del sistema penitenciario español, acorde al mandato constitucional de reinserción y reeducación.
