Aestradis, la Asociación de Empresarios Salamantinos de Transportes Discrecionales, rechaza "totalmente" la decisión tomada por el Gobierno de España en el último Consejo de Ministros de reformar la Ley de Carreteras, en la que se ha incluido la posibilidad de prohibir a camiones y otros vehículos pesados la circulación por carreteras nacionales, obligándolos a utilizar autopistas u otras vías rápidas.
Los transportistas de mercancías por carretera de Salamanca hacen suya la solicitud llevada a cabo por la patronal nacional CETM por la que se pedirá al Gobierno la no aplicación de una medida "restrictiva que atenta contra el derecho fundamental de la libre circulación y, además, genera graves y costosos problemas para las empresas de transporte".
A su juicio, los profesionales salmantinos tendrían que afrontar un aumento innecesario de los kilómetros recorridos e importantes pérdidas de tiempo derivadas de la entrada y salida de las vías de peaje, imposibilitando el acceso a las áreas de servicio con el fin de repostar, realizar el mantenimiento de sus vehículos o simplemente para descansar.
Según comentan, el sector del transporte está "absolutamente comprometido con la seguridad y con la de todos los usuarios de las carreteras, realizando para ello un importante esfuerzo inversor tanto en la compra de vehículos de última generación con las más sofisticadas medidas de seguridad, como en la contratación y formación de conductores altamente cualificados, además de defender y promover el riguroso cumpliendo de la normativa de tiempos conducción y descanso".
Continúan recalcando que en el último año ha existido un descenso en las cifras de siniestralidad de los conductores profesionales de casi un 20% en el último año, mientras han aumentado la totalidad del resto de usutarios. Ante ello, Aestradis "lamenta la campaña de desprestigio y culpabilización que sufre el sector al querer retirarle obligatoriamente de unas carreteras que utiliza con tanta seguridad como cualquier otro vehículo.
Por todo ello, Aestradis sólo aceptará el desvío obligatorio siempre y cuando el uso de la vía rápida sea gratuito o en el caso de un desvío bonificado, siempre que la opción tenga una adhesión voluntaria.
