Según datos de 2015 sobre exclusión social de la población joven, el 38% de las personas de 16 a 29 años se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Así se refleja en el último boletín del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), correspondiente al primer semestre de 2016.
Por otra parte, en los seis primeros meses del año, solo el 19% de este sector poblacional ha conseguido emanciparse, lo que representa una tasa de emancipación un 5% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2015. Así es como, con este nuevo informe, el Consejo de la Juventud de España quiere alertar del riesgo de pobreza y exclusión social en el que vive gran parte de la población joven española. Esta situación afecta a más de la mitad de la gente joven desempleada, a un 58%, y al 38% de la población joven inactiva, pero también a las personas jóvenes ocupadas, en concreto al 24%.
Tal y como demuestra el estudio, parece evidente que las principales causas de las duras condiciones de vida y de la dificultad para emanciparse de gran parte de los y las jóvenes siguen siendo su frágil situación en el mercado laboral y un mercado de la vivienda totalmente inaccesible para el nivel adquisitivo de la mayoría de las personas entre 16 y 29 años. Un semestre más nos encontramos con que la precariedad, traducida en temporalidad, parcialidad y sobrecualificación, sigue caracterizando el empleo estas personas y así lo demuestran los datos.
En primer lugar, nos encontramos con una tasa de paro de las personas menores de 25 años que alcanza el 46%. En segundo lugar, según datos registrados en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), el 92% de las nuevas contrataciones realizadas a jóvenes de 16 a 29 años fueron de carácter temporal y los contratos indefinidos sólo representaron el 7%. Y por último, si hablamos de sobrecualificación, vemos que el 56,6% desempeña trabajos por cuenta ajena de menor cualificación a la que realmente posee.
Por otra parte, el Observatorio de Emancipación nos ofrece tres datos reveladores de la dificultad de acceso a la vivienda por parte de este sector de la población: una persona joven debería destinar el 60% de su salario para poder adquirir una casa en propiedad; debería cobrar cuatro veces su salario solamente para hacer frente al importe de la entrada de una vivienda en régimen de compraventa; y la superficie máxima de compra a la que puede aspirar es de 49 metros cuadrados. Además, el fuerte incremento de los alquileres también restringe la viabilidad de esta alternativa: alquilar una vivienda libre significaría, para una persona joven que trabaja, destinar el 68% de su salario neto.
Victor Reloba, vicepresidente y responsable del Área Socioeconómica del Consejo de la Juventud de España, manifiesta que “resulta insultante que se hable de recuperación económica cuando gran parte de la población joven, incluso con trabajo, está bajo el umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión social” y ha reclamado “una legislación laboral que garantice un empleo decente, digno y con derechos y un cambio de modelo productivo que base su desarrollo en la investigación”.
En concreto, demanda “el cumplimiento de la subida del SMI aprobada en el Congreso, la penalización de la temporalidad y la precariedad en los contratos de trabajo, el control del buen uso de las becas y prácticas y la derogación de las dos últimas reformas laborales”. Por último, Reloba ha denunciado “la falta de políticas de vivienda encaminadas a favorecer un proyecto de vida propio a los y las jóvenes”.
