El presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez-Heredia, asegura que el colectivo ha de reaccionar con su disconformidad con la sentencia, así como poniendo en marcha todos los recursos legales.
El caso habla de Joaquina Cortés, una gitana de 58 años que estuvo 40 casada con José Fernández y que falleció en el año 2014. Ella solicitó su pensión de viudedad, que le fue denegada por una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Jaén. El juzgado jienense dijo que a la viuda no le correspondía ninguna pensión porque su pretendido matrimonio había sido efectuado por el rito gitano sin ninguna otra consideración.
El presidente y también abogado, afirma que “una vez más el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), cancerbero recalcitrante cuando se trata de conceder derechos económicos a los ciudadanos gitanos, ha desestimado la sentencia favorable a Joaquina Cortés emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.
“Los gitanos y las gitanas de España constituimos la minoría más numerosa del país. Somos 750.000 personas descendientes de los primeros gitanos que llegaron a la península en la primera mitad del siglo XV. Y hemos aportado a este país, que es el nuestro, una pincelada de exquisita variedad en forma de belleza artística y musical como no tiene ningún otro país del mundo. Justo es, pues, que se nos reconozcan derechos personales y colectivos que no transgreden el ordenamiento establecido para todos los españoles que siempre respetaremos, porque de ese respeto emana sabernos protegidos por nuestra común condición de españoles y europeos.”
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