Para UPyD, la lucha contra la crisis ha de pasar por la reforma de un modelo territorial y administrativo que podría ahorrar 40.000 millones de euros optimizando la gestión de las Comunidades Autónomas, suprimiendo las diputaciones y fusionando ayuntamientos. En esta misma línea, Sánchez afirmó que tienen como propuesta fundamental que la educación, la sanidad, la justicia y el medio ambiente sean competencia del Estado, aunque la gestión esté descentralizada. "Es irracional tener diecisiete sistemas educativos, sanitarios o medioambientales que resultan más caros, ineficaces e injustos que uno solo igual para todos", dijo, poniendo como ejemplo la existencia de diecisiete programas distintos de vacunación.
Para UPyD, la racionalidad también ha de alcanzar a las infraestructuras. Por ello, el candidato al Congreso por Salamanca ha criticado "la disparatada fragmentación, el populismo localista y la falta de una estrategia copartida que han llenado el país de aeropuertos sin aviones, líneas de alta velocidad sin pasajeros u obras tan fastuosas como inservibles".
Consecuencias económicas y laborales
Todas estas situaciones derivan en desempleo y crisis, continuó la candidata al Senado por Salamanca, Consuelo Rodríguez. Por eso, UPyD apuesta por un contrato único indefinido, con indemnización por despido, creciente en función del tiempo, para facilitar la contratación a los trabajadores. "Deben desaparecer las trabas burocráticas para fundar empresas, y hay que dar apoyo fiscal a los emprendedores, además de erradicar la morosidad pública que arruina a las pequeñas empresas y autónomos", dijo, para añadir más apoyo a los investigadores universitarios, desvinculándoles de su actividad docente.
Rodríguez puso como ejemplo la mala gestión de las Cajas de Ahorro, "que han sido arruinadas y saqueadas por pésimos, impuestos por los partidos", de ahí que proponga la urgente despolitización de las Cajas y del sector financiero, depurando responsabilidades. También pide que las ayudas públicas sean devueltas al Estado, y suprimidas las desorbitadas indemnizaciones y bonificaciones a los altos cargos. Algo que enlazaría con una mayor transparencia de las administraciones públicas, controlando y publicitando los concursos públicos, cuentas y presupuestos.
Otras propuestas de UPyD tienen que ver con un cambio en la ley electoral que posibilite la igualdad de voto de todos los ciudadanos, con independencia del lugar de residencia, todo ello con un Estado federal, que no centralista, puntualizó Óscar Sánchez. También que los jueces eligan libremente sus órganos de Gobierno y el Parlamento elija al Fiscal General del Estado, al igual que el Tribunal Constitucional. "Así, con una justicia independiente, Bildu no estaría en las elecciones", concluyó.
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