La concejala del grupo mixto, Virginia Carrera lamenta las políticas privatizadoras de la Junta de Castilla y León y la concesión desde la gerencia del Hospital a Ferrovial del mantenimiento de las instalaciones del Hospital salmantino así como la vinculación del Subdirector de Gestión con la empresa concesionaria.
La empresa, condenada el año pasado por el Tribunal Supremo, por vulneración del derecho a la libertad sindical se ha hecho con el contrato del mantenimiento de las instalaciones de: Calefacción, producción de agua caliente sanitaria, climatización y renovación de aire por 1.800.000 € en tres años de contratación.
Desde la formación afirman no entender cómo “una y otra vez nos encontramos con concesiones a empresas que han protagonizado escándalos de este tipo y que han sido condenadas en los tribunales por hechos relacionados con su gestión y con el trato a sus trabajadores.”
Para la organización, una vez más, el dinero público se pone al servicio de las empresas privadas, debilitando conscientemente el sistema público de salud, puesto que este tipo de servicios son más caros que si fueran gestionados directamente por el sector público, a la vez que resultan más ineficientes y con peores condiciones laborales. “El traspaso del personal a la empresa privada puede significar, además, la pérdida de los empleos del personal interino”, explican desde Izquierda Unida. “Nos queda claro al servicio de quienes está la Junta”.
Desde Izquierda Unida han denunciado en diversas ocasiones carencias, saturación de urgencias, falta de camas, privatizaciones, sobrecostes y problemas con la comida o la lavandería de este hospital, e incluso un caso de nepotismo que resultó con una sentencia que daba la razón al denunciante. A todo lo dicho y reclamado anteriormente se suma ahora esta nueva privatización, parte de la mala gestión, que parece ser una constante en la sanidad Charra.
Este hecho se suma a todas las privatizaciones que venimos arrastrando en la gestión de la sanidad pública por parte de las derechas, tanto en esta provincia como en la Comunidad, “privatizaciones que se realizan con el ánimo de desgastar el sistema y sacar rédito empresarial a su vez, lo que supone un derroche de dinero que tenemos que pagar entre todas y todos.”, concluyen.
